La Corte Suprema de Justicia inició la etapa de juzgamiento contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, implicados en el caso de presunta corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El paso a esta nueva etapa judicial se da tras la decisión de los magistrados de la Sala de Instrucción de enviar el caso a juicio, al encontrar méritos suficientes para que los dos congresistas respondan ante la justicia por los presuntos sobornos y desvíos de recursos detectados en el manejo de la entidad.
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El magistrado Jorge Caldas asumió el proceso
El caso estaba en manos del magistrado Francisco Farfán, que adelantó la fase de investigación en la Sala de Instrucción. Con la acusación formal ya presentada, el expediente pasó al despacho del magistrado Jorge Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia, encargada de los juicios a aforados constitucionales.
En esta etapa, el magistrado Caldas deberá solicitar las pruebas pertinentes para corroborar los hechos señalados en la acusación, así como decretar las nulidades que considere necesarias para garantizar el debido proceso. Una vez se cumpla esta fase, el despacho procederá a definir las pruebas y testimonios válidos para la audiencia pública de juzgamiento.
Desde finales de agosto, los seis magistrados de la Sala de Instrucción se habían reunido en Villavicencio durante una sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia. En ese encuentro se decidió que Iván Name y Andrés Calle debían ir a juicio por su presunta participación en el entramado de corrupción que involucra a funcionarios de alto nivel del Gobierno y al exdirector de la Ungrd Olmedo López.
Tras esa sesión, la Corte debía trasladar el caso a la Sala de Primera Instancia y asignar el magistrado responsable del juicio. Con la designación de Caldas, se espera que en los próximos días el proceso avance hacia la etapa de práctica de pruebas y fijación de la audiencia pública.
Las acusaciones contra Name y Calle
De acuerdo con la acusación formulada, Iván Name habría recibido 3.000 millones de pesos de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, conocida en el proceso como “la mensajera”. Según las investigaciones, ese dinero habría tenido origen en el contrato para la compra de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.
Por su parte, Andrés Calle habría recibido 1.000 millones de pesos de parte del ex subdirector de Desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla, con el supuesto propósito de facilitar la aprobación de las reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. Ambos excongresistas figuran entre los principales señalados en este caso, junto con otros legisladores mencionados por los testigos, entre ellos Wadith Manzur, Martha Peralta, Liliana Bittar, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Julio Elías Chagüi.
De manera paralela a este proceso, la Corte Suprema de Justicia ha venido tramitando otros casos vinculados al mismo escándalo. Uno de los más recientes corresponde a la tutela interpuesta por Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con la que buscaba levantar la medida de aseguramiento en su contra por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
González, considerado una figura cercana al Gobierno actual, es señalado de haber tenido participación en el presunto desvío de recursos dentro de la Ungrd. En su solicitud, alegó que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa; sin embargo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo, concluyendo que “no se advertía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio irreparable”.
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