La Corte Constitucional citó a una audiencia pública el 11 de noviembre en Bogotá para evaluar la respuesta del Estado frente a la crisis humanitaria en el Catatumbo, región que enfrenta desplazamientos masivos, confinamientos y homicidios de firmantes del acuerdo de paz.
La convocatoria busca garantizar una acción coordinada de las instituciones ante las graves vulneraciones de derechos humanos que persisten en la zona.
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La audiencia fue convocada por las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022, que ordenan al Estado colombiano adoptar medidas estructurales para proteger a la población desplazada y a los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Según informó la Corte, la diligencia se realizará en el Palacio de Justicia de Bogotá y reunirá a autoridades nacionales y territoriales, organizaciones sociales y organismos internacionales.
De acuerdo con la información oficial recopilada por el alto tribunal, la región del Catatumbo registra más de 73.000 personas desplazadas, entre ellas 218 firmantes del acuerdo de paz, y 2.400 confinadas, de las cuales 183 también pertenecen a este colectivo. Las cifras incluyen además la desaparición de seis firmantes y el homicidio de otros siete.
Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las extintas Farc han agravado la crisis, generando un escenario de violencia prolongada que ha afectado a comunidades campesinas, indígenas y firmantes del proceso de reincorporación. La Corte advirtió que la débil capacidad institucional para responder ante la emergencia llevó al Gobierno a declarar el estado de conmoción interior.
En el marco de sus competencias, las Salas de Seguimiento han asumido un rol activo de monitoreo. En junio, realizaron una visita al territorio y recabaron información de distintas entidades estatales para elaborar un diagnóstico sobre la atención a la crisis. Los hallazgos evidenciaron, según la Corte, graves falencias en la prevención, atención inmediata y estabilización de las comunidades afectadas.
Falencias institucionales y ausencia de coordinación
El informe elaborado por la Corte identificó la inexistencia de un plan de reacción inmediata frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. Esta situación, según las salas, demuestra “la falta de acompañamiento suficiente, diferencial y proporcional a la magnitud de los riesgos que enfrentan las comunidades”.
Durante la fase de atención inmediata, las medidas institucionales han sido calificadas como limitadas y fragmentadas. La Unidad para las Víctimas, encargada de coordinar la respuesta, ha enfrentado dificultades para articular las ayudas y garantizar condiciones mínimas de seguridad en los albergues y zonas de reubicación. En varias zonas del Catatumbo, el control de los grupos armados ha impedido el retorno o la movilidad de las comunidades, dificultando la entrega de asistencia humanitaria.
“La magnitud y número real de víctimas de confinamientos no ha podido ser determinado”, indicó la Corte al referirse a las limitaciones en el registro de las afectaciones. Esta falta de datos precisos ha obstaculizado la planeación de estrategias de atención y recuperación integral para los habitantes de la región.
En el componente de estabilización, la Corte Constitucional señaló que no existen garantías suficientes para los retornos ni para la sostenibilidad socioeconómica de las familias desplazadas. Las salas resaltaron la situación crítica de los firmantes del acuerdo de paz, quienes, a raíz del desplazamiento forzado, han visto interrumpidos sus procesos de reincorporación comunitaria y productiva.
La falta de condiciones de seguridad y acceso a servicios básicos en los predios destinados a su reubicación también ha dificultado el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz. En estos espacios, dice el alto tribunal, persisten carencias en materia de vivienda, salud y educación, además de amenazas derivadas de la presencia de actores armados ilegales.
El Gobierno nacional ha presentado el Pacto Catatumbo como un instrumento clave para contrarrestar los efectos de la crisis humanitaria y fortalecer la presencia institucional en la región. Sin embargo, las Salas de Seguimiento advirtieron que su implementación aún no ha comenzado, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad y el riesgo de que permanezca como una iniciativa sin ejecución.
Para la Corte, los hallazgos recopilados reflejan un patrón de fallas que se repite en distintas zonas del país donde persisten emergencias humanitarias: ausencia de prevención real, reacción insuficiente y falta de rutas articuladas para la estabilización de las víctimas. El alto tribunal advirtió que mientras la política pública se limite a contener la emergencia sin resolver sus causas estructurales, continuarán reproduciéndose los estados de cosas inconstitucionales reconocidos en las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022.
La audiencia pública se desarrollará en dos bloques y contará con la participación de representantes de las víctimas, firmantes del acuerdo de paz, comunidades indígenas del Pueblo Barí, organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y nacionales, así como delegados de organismos multilaterales.
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