
No cesa la incertidumbre en el país por cuenta del millonario contrato de mantemiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional que, según confesó el mismo Ministerio de Defensa, presenta graves inconsistencias en su ejecución.
De hecho, las demoras por parte del contratista fueron el detonante para que la Procuraduría General de la Nación exigiera a la cartera de defensa un extenso informe sobre los procedimientos técnicos y jurídicos que han han adelantado contra la compañía que sigue sin cumplir.
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Y es que según el ente de control, pese a que ya se ha entregado el 50 % del valor total del contrato, lo que equivale a 16 millones de dólares, hasta la fecha solo se registra un 8 % de avance en el cumplimiento contractual.
A esto se suma la falta de información sobre el destino de esos recursos y la ausencia de comprobantes que certifiquen los pagos, de acuerdo con la información suministrada por el propio Ministerio de Defensa.

En respuesta a estas anomalías, la Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa Nacional un informe detallado sobre las acciones emprendidas para activar las pólizas de cumplimiento que respaldan el proceso contractual con la empresa Vertol Systems, firmada en diciembre de 2024 para el mantenimiento de una flotilla de veinte helicópteros.
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Este requerimiento busca proteger el erario ante los posibles incumplimientos contractuales, de acuerdo con el comunicado oficial del órgano de control.
“Con el propósito de proteger el patrimonio público frente a los presuntos incumplimientos en el contrato de mantenimiento de la flota de helicópteros MI-17 del Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación requirió al Ministerio de Defensa Nacional información detallada sobre las acciones adelantadas para la activación de las pólizas de cumplimiento que amparan dicho proceso contractual", señaló la Procuraduría.
La póliza de cumplimiento, identificada como No. 05-00087580 y emitida por Berkley International Seguros Colombia S.A., debería garantizar el pago de multas, el cumplimiento de la cláusula penal pecuniaria, la calidad de los bienes suministrados, así como la devolución del anticipo en caso de faltas por parte del contratista.
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“A la fecha, advierte la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, de ese contrato apenas se tiene un avance del 8 %, pese a que ya se desembolsó el 50 % del valor total (16 millones de dólares) como pago anticipado, desembolso del que, según el propio Ministerio de Defensa, no se tiene información del destino de esos recursos ni comprobantes que certifiquen esos pagos“, continuó el ente de control.
Sin embargo, la Procuraduría constató que no hay evidencia de que dicha póliza haya sido activada pese a los riesgos de detrimento patrimonial ya detectados.
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Otra preocupación manifestada por la entidad tiene que ver con la desaparición de actas de reuniones de seguimiento, varias de ellas encabezadas por el entonces viceministro de Estrategia y Planeación y su asesor.
En esos encuentros, presuntamente, se habrían autorizado prórrogas y el pago anticipado del 50% del contrato. La Procuraduría señaló además la existencia de deficiencias importantes en la planeación financiera, la gestión documental, la acreditación de hechos de fuerza mayor y la falta de cronogramas de ejecución, aspectos que refuerzan la gravedad de los hallazgos.
Como resultado de estas irregularidades, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa un informe técnico y jurídico sobre la posibilidad de activar la garantía de cumplimiento ante la aseguradora, siguiendo los procedimientos estipulados para este tipo de situaciones.
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De esta manera, el ente de control reiteró la necesidad de proteger los recursos públicos y garantizar la transparencia en la contratación estatal.
“Frente a estos hallazgos, la Procuraduría solicitó al Ministerio de Defensa Nacional remitir un informe técnico y jurídico sobre la posible activación de la garantía de cumplimiento ante la aseguradora Berkley International Seguros Colombia S.A., conforme a los procedimientos establecidos", concluyó la Procuraduría.
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