
A través del Decreto 1143 del 27 de octubre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, formalizó la salida del exfiscal Eduardo Montealegre Lynett del gabinete, tras pedirle su renuncia como ministro de Justicia. Una salida que se registró apenas cuatro meses después de haberse posesionado en este cargo, en reemplazo de Ángela María Buitrago: que se fue en su momento alegando presiones de sus excompañeros.
El documento fue firmado por el titular de la cartera de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, designado ministro de delegatario de funciones presidenciales, debido al viaje del primer mandatario al Medio Oriente, como parte de lo que será su presencia en Arabia Saudí, Catar y Egipto; en este último destino en donde participará en la inauguración del Gran Museo ubicado en Guiza, pactada para el 11 de noviembre.
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“Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Luis Eduardo Montealegre Lynett, identificado con la cédula de ciudadanía N.XXXX, al empleo de Ministro, Código 0005, del Ministerio de Justicia y del Derecho”, se leyó en la comunicación con la que se puso fin a la era del exfuncionario en el actual Gobierno, que se caracterizó por fuertes controversias por algunos de sus proyectos.
En consecuencia, el jefe de Estado designó de manera interina a Augusto Alfonso Ocampo, que se desempeña como secretario jurídico de la Presidencia, para asumir esa responsabilidad, y que es un viejo conocido de Jaramillo: pues lo tuvo en su paso como alcalde de Ibagué como una especie de ‘zar anticorrupción’, con cuestionados resultados en la tarea encomendada por su entonces jefe.
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¿Por qué se fue Eduardo Montealegre del Ministerio de Justicia?
Cabe resaltar que Montealegre renunció a su cargo el 24 de octubre de 2025. Su salida se debió a una combinación de factores, incluyendo su indignación por la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno, en un caso en el que fue acreditado como presunta víctima; tensiones con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la presión por investigaciones en su contra.
“Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajo y doblego, lo absuelva. También es claro que, la Fiscalía General de la Nación, no actuara para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizadas por Uribe”, dijo en uno de los apuntes el hoy exministro, en señalamientos que en días pasados le valieron una investigación de la Procuraduría.
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En su última actividad oficial, Montealegre Lynett llevó ante la Comisión Asesora de Política Criminal el proyecto de Ley Estatutaria que plantea la conformación de la Guardia de Inteligencia contra el Crimen Organizado, vinculada a la Fiscalía General de la Nación. Siendo esta una iniciativa busca reforzar la capacidad estatal frente a la macrocriminalidad y el narcotráfico, según precisó el Ministerio de Justicia.
“Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda, y seguirá, por ahora, suelto. Protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado mafia: el procurador General de la Nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia”, se leyó en otro de los apartes de su misiva, en los que arremetió contra el titular del Ministerio Público, Gregorio Eljach.
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E insistió en que la constituyente de iniciativa popular es el “único camino” que, desde su óptica, le queda a los colombianos “para derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país”. Un modelo que endilgó, una vez más, al expresidente Uribe, que en su concepto “amparado por sectores de la justicia”, entre ellos el del mencionado procurador.
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