Defensoría del Pueblo rechazó “juicio revolucionario” del ELN e hizo un llamado al Gobierno a “redoblar esfuerzos humanitarios”

La Defensoría del Pueblo rechazó con firmeza el anuncio hecho por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de someter a un “juicio revolucionario” a dos agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación y dos funcionarios de la Policía Nacional que permanecen privados de la libertad desde mayo y julio de 2025, en el departamento de Arauca.

A través de un pronunciamiento oficial divulgado en sus canales digitales, la entidad pidió que estas personas sean liberadas de manera inmediata e incondicional, ya que, según el ente, son civiles cuya detención ilegal constituye una grave y clara violación al derecho internacional humanitario (DIH).

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De acuerdo con la Defensoría, además del reconocimiento de “secuestro” que el ordenamiento jurídico colombiano le da a este tipo de prácticas, la privación de la libertad ilícita de la que son víctimas los agentes de las instituciones de seguridad y judiciales condiciona “la vida o la integridad física de las personas cautivas a la realización o abstención de determinados actos”.

Los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada fueron secuestrados el pasado 8 de mayo en el municipio de Fortul. Por otro lado, el patrullero Yordin Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franki Esley Hoyos Murcia, adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), fueron retenidos el 20 de julio en la vía entre los municipios de Tame y Arauca.

En este sentido, la entidad señaló que, aunque estas personas cumplen funciones de seguridad y justicia, no son combatientes ni miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, por lo que deben ser considerados civiles y protegidos como tal.

No obstante, según la guerrilla del ELN, el denominado “juicio revolucionario” se basa en un procedimiento establecido dentro de su código de guerra, donde se investigan supuestas actuaciones en contra de la organización. La pena que se contempla en este juicio es de entre tres y siete años, con el derecho de los acusados a enviar y recibir correspondencia a sus familias.

Frente al anuncio del grupo armado ilegal, la Defensoría manifestó que este procedimiento es “inadmisible” y viola los principios fundamentales del DIH, los Convenios de Ginebra y lo establecido en la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes.

Por ello, la entidad precisó que la libertad de los secuestrados no puede estar sujeta a condiciones como un “canje humanitario” o cualquier otro tipo de intercambio. Subrayó que el deber de liberar a las personas retenidas es inmediato e incondicional, pues ningún grupo armado puede justificar la privación de la libertad bajo motivos políticos, militares o ideológicos.

A la par, hizo un llamado urgente al Gobierno nacional, al comisionado de Paz, Otty Patiño, y a los organismos internacionales “a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de todas las personas, en estricto cumplimiento de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana”.

La situación en Arauca sigue siendo delicada por la presencia y acciones de grupos armados ilegales, por lo que la entidad destacó que este caso es un claro recordatorio de la vulneración de derechos fundamentales en medio del conflicto e insistió que no puede dar lugar a para la realización de procesos internos ilegales dentro de grupos insurgentes que, según detalló, solo prolongan el sufrimiento de las víctimas y sus familias.

El pronunciamiento de la Defensoría se suma a la preocupación generalizada en el país frente al continuo uso del secuestro como arma de presión en el conflicto armado colombiano. Para la entidad, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos y el Estado deben seguir trabajando conjuntamente para poner fin a esta práctica que afecta gravemente la dignidad humana y la paz en el país.