Un contrato por 28.774 millones de pesos destinado a dotar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) con 64 camionetas blindadas Toyota Fortuner se ha convertido en un caso más de incumplimientos contractuales, prórrogas sucesivas y posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos en Colombia.
La operación, liderada por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares y adjudicada a la Unión Temporal Albo-Blink, ha estado liderada por retrasos reiterados y modificaciones contractuales, mientras surgen cuestionamientos sobre la transparencia del proceso y los antecedentes de los empresarios involucrados, según una reciente investigaicón de la revista Cambio.
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El contrato, firmado el 4 de diciembre de 2024, representó el tercer intento en menos de dos años para que la UNP adquiriera directamente vehículos blindados, tras dos procesos fallidos por falta de proponentes idóneos.
La iniciativa, impulsada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, buscaba romper con la supuesta ‘cartelización’ de empresas arrendadoras de vehículos blindados. Sin embargo, la adjudicación recayó en la Unión Temporal Albo-Blink, integrada en un 70% por Alborautos SAS y en un 30% por Miaga SAS (antes One Mobility), sin competencia en la subasta y con la promesa de entregar los vehículos antes del 20 de diciembre de 2024.
La importancia del contrato radica en la necesidad urgente de la UNP de renovar y ampliar su flota de vehículos blindados para la protección de funcionarios y líderes sociales.
Cada camioneta Fortuner SR 4X4 Diesel 2.8 fue facturada en 208.250.000 pesos, con un adicional de 214.900.000 pesos por concepto de blindaje, trámites y accesorios, lo que refleja la magnitud de la inversión estatal.
No obstante, la fecha límite de entrega llegó sin que la UNP recibiera los vehículos comprometidos, lo que generó inquietud sobre la capacidad de ejecución y la supervisión del proceso.
Incumplimientos y prórrogas en el contrato UNP
El desarrollo del contrato ha estado plagado de incumplimientos y ajustes. Desde la firma, la Unión Temporal Albo-Blink enfrentó dificultades para cumplir con los requisitos técnicos exigidos, presentando documentos faltantes días después de la adjudicación.
La entrega de las camionetas, prevista para el 20 de diciembre de 2024, se frustró por la supuesta escasez de unidades Toyota Fortuner en Colombia y problemas de abastecimiento de componentes electrónicos en Argentina, según argumentó Luz Mila Benítez, representante de la unión temporal. A esto se sumaron obstáculos logísticos, como manifestaciones sociales y restricciones vehiculares, que retrasaron la llegada y el blindaje de los primeros vehículos.
La Agencia Logística de las Fuerzas Militares, bajo la dirección encargada de Martha Eugenia Cortés Baquero, respondió a los retrasos con una serie de modificaciones contractuales.
En total, el contrato ha sido ajustado en ocho ocasiones, incluyendo seis prórrogas que extendieron la fecha de finalización hasta noviembre de 2025. Las justificaciones para estos cambios han incluido desde la demora en el desembolso del anticipo del 50% hasta la necesidad de modificar la distribución regional de los vehículos y el modelo de las camionetas a entregar.
A pesar de los reiterados incumplimientos, la Agencia permitió que el contratista retuviera el anticipo “a título de mera tenencia”, sin aplicar sanciones contractuales.
Antecedentes empresariales y conexiones con el ‘carrusel de blindados’
El perfil de los empresarios detrás de la Unión Temporal Albo-Blink añade un elemento de preocupación. Miaga SAS, una de las empresas integrantes, cuenta en su junta directiva con Ana María Manjarrés, hija de Martín Ricardo Manjarrés, empresario investigado por su presunta participación en el denominado ‘carrusel de blindados’, un caso de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos estatales mediante información privilegiada.
Aunque una decisión judicial reciente anuló la imputación contra Manjarrés, el proceso sigue en etapa de indagación. Además, otros miembros de la familia y socios han figurado como accionistas o representantes legales en empresas vinculadas a contratos similares.
Las justificaciones presentadas por la Unión Temporal Albo-Blink y la Agencia Logística han girado en torno a factores externos y administrativos. Benítez argumentó que la imposibilidad de blindar 64 camionetas en menos de 15 días, sumada a la incertidumbre sobre la adjudicación, impidió adelantar los trabajos previos.
Además, la empresa alegó que la llegada tardía del anticipo y los cambios en la distribución regional de los vehículos impactaron la ejecución del contrato. Por su parte, la Agencia ha sostenido que las modificaciones respondieron a necesidades operativas y a situaciones sobrevenidas, aunque no ha ofrecido detalles claros sobre el número exacto de vehículos entregados y en servicio.
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