El lío jurídico que rodea la protección del río Dagua contra la minería ilegal: comunidad reclama acciones urgentes

El río Dagua en el Valle del Cauca sigue enfrentando una grave crisis ambiental por el avance constante de la minería ilegal, fenómeno que ahora afecta también el corregimiento de Cisneros. Según pobladores de la zona, los mineros adoptaron la excavación de túneles, conocidos como “cúbicos”, bajo la montaña aledaña a la vía al mar, con el objetivo de hallar nuevas vetas de oro.

Dicha práctica representa un riesgo ambiental y de seguridad pública, ya que la zona se ha transformado en una especie de queso “gruyere”, con múltiples huecos y túneles que amenazan con provocar un colapso, poniendo en peligro vidas humanas y agravando la situación ecológica.

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De acuerdo con información recopilada por El País, las autoridades tienen conocimiento de estos hechos desde agosto de 2025, por lo que adelantan acciones para cumplir con la sentencia 151 del 24 de noviembre de 2010, que ordena la recuperación total de la cuenca del río Dagua.

No obstante, ingenieros y líderes comunitarios señalan que, pese a la obligación jurídica, las acciones para proteger el río han sido insuficientes y poco efectivas. El ingeniero Jorge Enrique Torres, quien impulsó la acción popular y fue consultado por el medio citado, afirma que hay nuevos asentamientos mineros en Cisneros y daños ambientales adicionales, evidenciados por fotografías y videos tomados en agosto de 2025.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) sostiene que no existen reportes oficiales recientes que confirmen el aumento de este tipo de construcciones en Cisneros. La entidad aseguró que realiza controles periódicos en la zona, en la medida en que lo permite la situación de orden público, para determinar la presencia de túneles y verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

En paralelo, la CVC reconoció que la acción popular protege derechos colectivos como el ambiente sano y la salubridad, pero fue enfática en que su carácter es restaurativo y no indemnizatorio, por lo que el propósito principal debe ser la recuperación integral del territorio y no la compensación económica.

El lío jurídico por la protección del río Dagua no se limita únicamente a la sentencia proferida por un juzgado de Buenaventura. Dicho documento judicial estipulaba que a CVC y el Ministerio de Ambiente debían contratar, antes de 18 meses, un estudio a la Unidad Central del Valle del Cauca (Uceva) para planificar la protección del río Dagua y remitir informes trimestrales sobre el avance.

Sin embargo, una serie de autos del Juzgado Segundo Administrativo de Buenaventura, emitidos en septiembre de 2025, relevaron a Uceva de la obligación de evaluar los daños y reasignaron la responsabilidad a la CVC, por lo que hasta que los recursos de reposición y apelación se resuelvan, estos autos no son definitivos ni vinculantes.

Pese a esto, la CVC destaca que ha realizado intervenciones como levantamientos semidetallados de suelos y estudios de vegetación, además de invertir más de $5.000 millones en labores para disminuir la sedimentación y restaurar el ecosistema. A esta inversión se le suman los $16.000 millones que, según la entidad, se han invertido desde 2015 en la recuperación de corregimientos desde Triana hasta Córdoba, incluyendo Cisneros, con el objetivo de mitigar los daños provocados por la minería ilegal.

La comunidad reclama la falta de un plan integral y eficiente para la restauración del río y la planificación territorial. Por ello, Héctor Valencia, asesor del Consejo Comunitario de Zacarías consultado por el medio mencionado, lamentó la pérdida de autonomía alimentaria y la degradación del ecosistema desde hace más de 20 años.

El daño generado por el uso indiscriminado de mercurio y cianuro en la zona es otro de los grandes retos en la cuenca del Dagua. Estudios de la Universidad del Valle desde el año 2009 han detectado contaminación con metales pesados en sedimentos, peces, plantas y otros organismos, con el análisis realizado en 2022.