
En varios municipios del Catatumbo, salir de casa, abrir un negocio o enviar a los niños al colegio volvió a convertirse en una decisión atravesada por el miedo. La escalada de violencia que se ha registrado en los últimos días encendió las alarmas entre autoridades locales, líderes comunitarios y habitantes de esta subregión de Norte de Santander, donde la confrontación armada sigue golpeando con fuerza a la población civil.
Mientras en otras zonas del país la discusión política se concentra en temas electorales y económicos, en el nororiente colombiano los alcaldes aseguran que la prioridad sigue siendo una sola, proteger la vida. Los mandatarios de varios municipios del Catatumbo advirtieron que el deterioro del orden público está profundizando una crisis humanitaria que, según ellos, no ha recibido la respuesta institucional esperada.
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A las restricciones de movilidad, el temor por posibles enfrentamientos y la presión de grupos armados se suma un panorama social cada vez más complejo. Las comunidades rurales, que históricamente viven en medio del conflicto, vuelven a quedar atrapadas entre actores ilegales que disputan control territorial y rutas estratégicas en esta zona fronteriza.
Los alcaldes de la región, en diálogo con Caracol Radio, expresaron públicamente su preocupación por el recrudecimiento de la violencia atribuida a estructuras del ELN y disidencias de las antiguas Farc, grupos que mantienen presencia en diferentes corredores del Catatumbo. Según explicaron, la situación está afectando de manera directa la gobernabilidad en sus municipios y limita la capacidad de respuesta de las administraciones locales frente a las necesidades básicas de la población.
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En declaraciones entregadas a medios regionales, uno de los mandatarios resumió la incertidumbre que hoy domina el ambiente en la zona. “Estamos muy preocupados, la guerra no se ha acabado, los decretos de emergencia no prosperaron y ahora nos encontramos con esta segunda ola que va a traer más problemas a la región”. El mensaje refleja un sentimiento compartido entre varios funcionarios que, además de enfrentar dificultades presupuestales y sociales, ahora deben lidiar con nuevas amenazas derivadas de la confrontación armada.

Otro alcalde insistió en que los efectos del conflicto ya no solo se miden en términos de seguridad, sino en el impacto económico y social que comienza a sentirse con mayor fuerza en el territorio. “La crisis social, económica, cada día se agudiza más y no encontramos ese apoyo, soluciones de atención integral para las víctimas, recursos y respuesta institucional”.
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Las autoridades locales coinciden en que la violencia ha provocado desplazamientos, restricciones en actividades productivas y un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a comerciantes como a campesinos. Cultivos, transporte y comercio empiezan a resentir nuevamente la presión de un conflicto que parecía haber disminuido en intensidad durante algunos periodos. A esta situación se sumó la visita del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, quien llegó al Catatumbo para escuchar directamente a las comunidades y enviar un mensaje a los grupos armados que operan en la zona.
Durante su recorrido, el mandatario insistió en que la región necesita recuperar la tranquilidad y pidió a los actores armados cesar las hostilidades. “Soy embajador de procesos de paz, y queremos mencionar que la gente del Catatumbo no quiere más guerra. La gente quiere que los niños puedan estudiar con tranquilidad. Los campesinos puedan cultivar la piña el café”.
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El gobernador también puso sobre la mesa la necesidad de devolverle a la región espacios de convivencia que hoy se ven afectados por la inseguridad. “Que se puedan generar las actividades culturales, deportivas y que se tenga una esperanza para nuestra generación. Queremos que cesen las hostilidades, que cese la guerra que abramos un camino hacia la paz”.
En medio del recorrido, Villamizar dirigió un mensaje directo a los grupos en confrontación. “Queremos enviar un mensaje al Ejército de Liberación Nacional ELN y A las disidencias armadas del frente 33 para que busquen los caminos y se pongan de acuerdo en sentarse y cesar esa guerra. Queremos la paz, queremos avanzar hacia ella”.
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La preocupación institucional crece porque, según los mandatarios locales, por ahora no se evidencian señales claras de desescalamiento. En terreno, dicen, el ambiente sigue marcado por la tensión y por la ausencia de garantías suficientes para que las comunidades desarrollen su vida cotidiana con normalidad.
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