Ley de Garantías hizo que el Gobierno Petro pusiera el acelerador a la firma de nuevos contratos de trabajo: quedó en evidencia

El Presupuesto General de la Nación para 2025 en Colombia asciende a $525,8 billones, lo que representa el 29% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. A septiembre de este año, la ejecución global del presupuesto alcanzó el 59,5%, en medio de la inminente entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que impone restricciones a la contratación estatal durante el periodo electoral y por lo que al Gobierno se le prohíbe contratar hasta cuatro meses antes de las eleccione: en 2026 habrá de Congreso de la República y Presidencia.

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, “las restricciones impuestas por la Ley de Garantías Electorales podrían estar impulsando la velocidad en la ejecución”, lo que generó una aceleración en el gasto público en los meses previos a los comicios electorales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional (Dgppn) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el presupuesto de 2025, tras modificaciones y adiciones, se sitúa en $525,8 billones. A septiembre, se habían comprometido $357,9 billones (68,1%), obligado $313,8 billones (59,7%) y pagado $312,8 billones (59,5%). Si se excluye el servicio de la deuda, la ejecución se ubica en 58,7%.

El Observatorio destacó que “el avance representa un aumento de 7 puntos porcentuales (pp) frente al mes de agosto” y que “la velocidad de ejecución se acerca al promedio histórico de 59%”.

Impacto de la Ley de Garantías Electorales en la ejecución presupuestal

El efecto de la Ley de Garantías Electorales sobre la ejecución presupuestal es notorio. El organismo señaló que “a dos meses de terminar el año, la inversión pública no alcanza el 50% de ejecución”, y atribuyó parte del repunte en la velocidad de gasto a la presión por comprometer recursos antes de que entren en vigor las restricciones electorales.

Las entidades estatales aceleraron la contratación y la ejecución de recursos, con lo que se anticiparon a la prohibición de celebrar contratos y convenios interadministrativos durante el periodo electoral. La dinámica, según el Observatorio, responde más a la necesidad de cumplir con los plazos legales que a una mejora estructural en la gestión presupuestaria.

Ejecución por componentes y sectores

Se debe tener en cuenta que el análisis por componentes revela diferencias importantes en la ejecución. Según la Dgppn, el gasto de funcionamiento, que es el rubro de mayor peso en el presupuesto, cuenta con una apropiación vigente de $329,3 billones, de los que se ejecutaron $208,1 billones, lo que equivale al 63,2%. Dentro de este componente, las transferencias concentran el 74,2% del gasto y muestran una ejecución del 64,6%, impulsadas por los giros a pensiones, aseguramiento en salud y educación superior pública. El gasto de personal avanza al 63,9%, mientras que la adquisición de bienes y servicios llega al 48,3%.

Mientras que en el caso de la deuda pública, la ejecución alcanza el 63,2% sobre una apropiación total de $112,6 billones.

La deuda interna representa la mayor parte de los pagos, con una ejecución del 73,1%, mientras que la deuda externa llega al 52,5%. Por su parte, la inversión pública sigue siendo el componente más rezagado, aunque muestra señales de mejora frente a años anteriores. De los $84 billones apropiados para proyectos de inversión, se han obligado $34,5 billones, lo que equivale al 41,1%.

El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana remarcó que, aunque la ejecución de inversión sigue baja, “el avance de 2025 supera en varios puntos los registros de los dos años anteriores, cuando la ejecución apenas superó el 35%”.

Si se analiza por sectores, se muestra que Salud y Protección Social (71,3%) y Educación (70,7%) lideran la ejecución presupuestal, impulsadas por la implementación de programas de aseguramiento en salud y cobertura educativa. Otros sectores con desempeños superiores al promedio son:

• Ciencia, Tecnología e Innovación: 67%.
• Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación: 65%.
• Minas y Energía: 65%.

En niveles intermedios se encuentran:

• Defensa y Policía: 64,5%.
• Fiscalía General de la Nación: 63,9%.
• Congreso de la República: 61,8%.

Los sectores con menor ejecución son:

• Hacienda: 38,1%.
• Deporte y Recreación: 37,6%.
• Registraduría Nacional: 32,4%.
• Transporte: 31%.
• Presidencia de la República: 22,1%.

Evolución histórica y retos fiscales

La evolución histórica de la ejecución presupuestal muestra que, a septiembre de 2025, la velocidad de ejecución se acerca al promedio histórico de 59%. El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana explicó que “la recuperación observada en la ejecución puede explicarse, en parte, por los mayores niveles de liquidez en el Tesoro Nacional, producto de las operaciones de manejo de deuda realizadas por el Ministerio de Hacienda”.

Rezago presupuestal

Además, el rezago presupuestal acumulado al cierre de 2024 ascendió a $62,6 billones (3,5% del PIB), y a septiembre de 2025 se habían pagado $49,1 billones (78,5%) de ese rezago, lo que contribuye a reducir la acumulación de obligaciones pendientes.

Por su parte, el último trimestre del año concentra los mayores desafíos fiscales, en medio de la suspensión temporal de la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB) y deterioro del balance.

El organismo académico advirtió que un mayor ritmo de gasto puede traducirse en un incremento del déficit fiscal y limitar la capacidad de financiar nuevas iniciativas.

También, el avance en la ejecución no implica necesariamente una mejora estructural, sino que refleja la presión por ejecutar recursos en un entorno de restricciones crecientes e incertidumbre política.