Carlos Fernando Motoa, senador del partido Cambio Radical, confirmó el lunes 20 de octubre que presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del Presupuesto General de la Nación 2026, aprobada por el Congreso de la República. La acción radicada por el congresista vallecaucano sostuvo que la norma fue expedida con vicios de procedimiento y que vulnera principios fundamentales de la Constitución Política.
En la carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, Motoa expuso que la demanda se interpone contra la totalidad de la ley que decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital, así como la ley de apropiaciones para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. En la misma, dio a conocer los motivos que lo llevaron a tomar esta determinación.
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En su petición al alto tribunal, el senador argumentó que la aprobación de la ley no respetó los procedimientos establecidos y que, por tanto, se infringieron los artículos 2, 48 en su inciso 7, 113, 154, 157, 160 y 334 de la Constitución de 1991. Para el senador, la ley aprobada representa un desequilibrio y resulta inconveniente para el país, por lo que reiteró la gravedad de los vicios señalados en su demanda.
Estos son los motivos jurídicos de la demanda del senador Motoa contra Gustavo Petro
Entre los motivos jurídicos que sustentan la demanda, Motoa señaló que la ley fue aprobada sin un debate adecuado y que se ignoraron numerosas proposiciones presentadas durante el trámite legislativo. Además, advirtió que se vulneraron los principios de unidad de materia y temporalidad, ya que se introdujeron modificaciones de carácter permanente en una ley que, por su naturaleza, debe ser anual.
Con este precepto, también cuestionó que la norma contemple la posibilidad de llevar a cabo ajustes posteriores al presupuesto mediante decretos, lo que, a su juicio, representa una delegación indebida de funciones y una afectación al control democrático sobre el gasto público, teniendo en cuenta que el presupuesto para la vigencia entrante fue fijado en 546,9 billones de pesos.
En el plano político, Motoa criticó que el Presupuesto General de la Nación 2026 no responde a las necesidades del país y calificó la ley como “plagada de vicios”. A través de sus redes sociales, el senador indicó que la aprobación del presupuesto ignoró el principio de publicidad y el bicameralismo, pilares del proceso legislativo colombiano, que otra vez podría estar expuesto a acciones de nulidad.
Y es que, en su concepto, el congresista dijo que el legislativo desatendió decenas de proposiciones y que la ley permite modificaciones posteriores por vía de decreto, lo que, según él, debilita la transparencia y la deliberación parlamentaria. De hecho, no descartó que pueda tener las mismas dificultades que se registraron con la reforma pensional, que no habría subsanado las irregulares de su discusión en la Cámara.
La clara solicitud de Carlos Fernando Motoa a la Corte
La demanda solicita al tribunal que requiera información detallada sobre el trámite legislativo de la ley, incluyendo el número de proposiciones presentadas, aprobadas, negadas, retiradas o dejadas como constancia. Asimismo, pidió que se certifique el número de ley asignado, su sanción y publicación oficial, y que se verifiquen los documentos probatorios anexados a la acción.
Del mismo modo, el Presupuesto General de la Nación constituye, a juicio de Motoa, la principal herramienta legal para definir los ingresos y gastos del Estado colombiano durante el año fiscal. La acción presentada por el senador se sumó a los antecedentes de control constitucional sobre esta ley, que históricamente ha sido objeto de escrutinio por su impacto en la gestión pública y la estabilidad institucional.
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