Policías involucrados en chuzadas a la exniñera de Laura Sarabia fueron condenados: juez los encontró responsables por manipulación de informes

El caso que involucra las interceptaciones ilegales de las comunicaciones de Marelbys Meza y Fabiola Perea, exempleadas de la otrora jefa de Despacho Laura Sarabia, ha culminado con la condena en primera instancia del capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, según el fallo emitido el lunes 20 de octubre por la jueza 53 de conocimiento de Bogotá.

“Por lo que se anuncia que ha de proferirse será de caracter condenatorio en contra de los acusados Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas a título de coautores en los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, en concurso con fraude procesal”, señaló la togada.

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Ambos funcionarios de la Policía Nacional fueron hallados responsables de manipular un informe de inteligencia para vincular indebidamente a las trabajadoras domésticas con el Clan del Golfo.

Resultó clave en este proceso la prueba documental que evidenció cómo el patrullero Morales redactó un documento falso, posteriormente presentado por el capitán Correa, en el que se afirmaba que una fuente humana proporcionó información sobre los presuntos nexos de las líneas telefónicas de Meza y Perea con alias Siopas, identificado como uno de los comandantes de dicha estructura criminal, investigada por delitos de narcotráfico, extorsión y secuestro.

Con base en ese informe, un fiscal de la unidad contra las bandas criminales del departamento del Chocó ordenó la interceptación de las comunicaciones argumentando que las dos mujeres “gozaban de la máxima confianza” de alias Siopas y, bajo los nombres de “la Madrina” y “la Cocinera”, supuestamente manejaban información relevante de sus actividades.

La jueza detalló en la audiencia que “obran elementos de conocimiento suficientes en punto a que estas tres piezas que contenían información espuria (...) fueron por ellos usadas al ser entregadas a la Fiscalía 191 de Quibdó para que hicieran parte del suso dicho radicado 201900034”, lo que permitió justificar la orden de interceptación telefónica a través de documentos con datos falsificados.

La funcionaria destacó que el contenido de estas piezas era contrario a la realidad objetiva, dado que las mujeres en cuestión “eran empleadas domésticas en la residencia de la entonces jefa del gabinete presidencial, desempeñándose la primera como niñera y la segunda en labores de cocina”.

El contexto que dio origen al proceso judicial fue el robo reportado el 27 de enero de 2023 en la residencia de Laura Sarabia Torres, entonces jefa de Gabinete Presidencial. Tras la denuncia, las miradas se dirigieron inmediatamente hacia Marelbys Meza, como posible autora del hurto.

Como parte de la investigación, Meza fue sometida a una prueba de polígrafo en la Casa Galán, próxima al Palacio de Nariño, según revelaciones del medio Semana en ese entonces.

“Se acreditó que, a partir de este acontecimiento se desplegaran distintas diligencias de investigación, entre ellas, la recepción de denuncias, entrevistas e interrogatorios. La recolección de material videográfico y el sometimiento de la trabajadora a una prueba de polígrafo, todas ellas actuaciones que se enmarcaron en el trámite adelantado tras la denuncia que constituye el mencionado contexto dentro del cual se insertaron los documentos falsos elaborados por los acusados”, señaló la jueza.

La togada declaró que el robo motivó la puesta en marcha de estas interceptaciones con el supuesto objetivo de hallar el paradero de una maleta con dinero en efectivo y documentos de seguridad nacional.

Finalmente, el capitán Correa y el patrullero Morales fueron condenados por los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público e interceptación ilícita de comunicaciones.

Entretanto, queda pendiente que se fije la fecha para hacer lectura del fallo final que dictaminará cuántos años deberán estar privados de la libertad, además de determinar si se les otorgará la medidad de prisión domiciliaria o si, por el contrario, deberán pagar su condena en un centro de reclusión.