SIP advierte sobre riesgos para la prensa en Colombia por discurso de Petro: “El presidente colombiano continua estigmatizando a medios y periodistas”

En sus discursos oficiales, el presidente Gustavo Petro suele incluir pullas al ejercicio de los medios de comunicación, lo que le ha valido para ser objeto de señalamientos en torno a las garantías que su Gobierno le brinda a los periodistas para el ejercicio de su labor en el país. Las recurrentes palabras del mandatario ya traspasaron fronteras y llamaron la atención de organismos internacionales.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizó durante su 81ª Asamblea General una fuerte advertencia sobre los riesgos que enfrenta el periodismo por cuenta de los mensajes lanzados por el inquilino de la Casa de Nariño a través de diferentes canales.

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La organización, conformada por representantes de medios del hemisferio occidental, adoptó una resolución en la que solicita de manera formal al presidente Gustavo Petro abstenerse de emitir declaraciones que, a juicio de la entidad, representan una estigmatización contra periodistas y organizaciones críticas a su Gobierno.

Este pronunciamiento surge como respuesta a lo que la SIP califica como un patrón reiterado de comunicación confrontativa por parte del jefe de Estado, en el cual se han empleado discursos que muestran a los medios como actores contrarios o que dificultan la gobernabilidad del país.

De acuerdo con el análisis de la SIP, la narrativa promovida desde el Ejecutivo, y replicada por varios funcionarios y plataformas digitales, contribuye a fortalecer un clima de tensión entre el Estado y el sector periodístico colombiano. Ello, según el documento aprobado por la organización, aumenta los riesgos para quienes ejercen la labor de informar, enfrentándose a despertar la intolerancia frente a las críticas y cuestionamientos.

Adicionalmente, la SIP alerta que este tipo de expresiones desde el liderazgo estatal pueden llegar a interpretarse como incitación indirecta a la violencia, al fomentar la polarización política y propiciar escenarios para ataques tanto verbales como físicos contra comunicadores y líderes de opinión.

En este sentido, la entidad internacional fue enfática en que la libertad de prensa no se limita solo a la emisión de juicios editoriales, sino a la garantía de condiciones equitativas para el ejercicio periodístico, lo que implica evitar represalias, estigmatizaciones, señalamientos y bloqueos institucionales por parte del Gobierno.

A la par, la resolución reitera la importancia de que las autoridades se abstengan de descalificar o atacar personalmente a los profesionales de la comunicación, sugiriendo que los funcionarios públicos tienen el deber de mantener un tono respetuoso y constructivo respecto al trabajo periodístico, incluso frente a diferencias marcadas en los enfoques editoriales.

En paralelo, la organización insiste en que el Ejecutivo debe garantizar la independencia de los medios estatales, permitiendo que reflejen la diversidad de opiniones presente en la población nacional, sin interferencias ni filtros derivados de afinidades ideológicas o políticas.

No obstante, más allá del contundente llamado al jefe de Estado, la SIP destacó el fallo, de agosto de 2025, en el que la Corte Suprema de Justicia reconoció los crímenes contra periodistas como “ataques a la libertad de prensa y la democracia”, y no como homicidios comunes.

El pronunciamiento de la SIP no solo fue dirigido al mandatario colombiano, sino que se refirió, adicionalmente, a presidentes de la región que guardan una amplia distancia ideológica con Gustavo Petro. Entre los mencionados se destacan el argentino Javier Milei, el salvadoreño Nayib Bukele y el ecuatoriano Daniel Noboa.

En estos países, la resolución advierte que la polarización alimentada desde la máxima autoridad puede tener consecuencias graves, afectando tanto la integridad física de los comunicadores como la de la democracia. En consecuencia, la organización hizo un llamado a mantener un diálogo constructivo entre el Estado y el sector informativo, enfocado en la protección del derecho a informar y recibir información en un ambiente pluralista, autónomo y respetuoso de las diferencias.