Canciller de Colombia aseguró que Beto Coral no puede ser expulsado de Estados Unidos: “De ninguna falta se le puede acusar”

La detención del activista e influenciador colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, ha generado pronunciamientos oficiales desde Colombia, así como reacciones de su entorno cercano y familiar, en medio de versiones encontradas sobre las razones de su arresto en Estados Unidos y su situación migratoria actual.

Coral fue detenido el 16 de junio en el estado de Arizona por agentes federales, en una operación en la que participaron funcionarios de Homeland Security Investigations (HSI), unidad investigativa del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. De acuerdo con las versiones divulgadas por autoridades estadounidenses, el procedimiento estaría relacionado con una presunta infracción de carácter migratorio.

En contraste, su familia y círculo cercano han sostenido que el activista no se encontraba en condición irregular ni evadiendo a las autoridades migratorias, sino que su situación corresponde a un proceso de asilo en trámite desde hace varios años, dentro del marco legal estadounidense.

En medio de la controversia, el viernes 19 de junio, la canciller Rosa Villavicencio se refirió al caso y explicó el acompañamiento que ha venido realizando el Estado colombiano a través de sus canales diplomáticos. La funcionaria indicó que las autoridades consulares han mantenido comunicación constante con la familia del activista.

En su declaración afirmó: “Realmente tanto el consulado de Atlanta, como la Embajada, como Cancillería, hemos estado hablando con la familia, muy pendientes de todo el acontecer. Sería deseable que esta situación se resolviera, porque Beto no ha cometido ningún delito”.

Y agregó: “Frente a la libre expresión, ha emitido opiniones en torno a la campaña electoral. Él tiene un proceso de asilo y la única manera en que él podría ser expulsado, si lo quieren sacar de Estados Unidos, tiene que ser mediado por la decisión de un juez y eso no ha ocurrido. No hay ningún expediente ni ninguna falta que se le pueda acusar a él. Por lo tanto, nosotros seguimos apoyando y seguimos pendientes de este caso”.

Versión de la familia sobre la situación migratoria

Tras la detención, la familia de Coral difundió un comunicado en el que señaló que el activista ingresó legalmente a Estados Unidos y que desde entonces inició un proceso de solicitud de asilo que ha permanecido sin resolución durante más de una década.

En el documento, divulgado a través de redes sociales, se aseguró que Coral contaba con un permiso de trabajo vigente emitido por autoridades estadounidenses, el cual tendría validez hasta 2028, mientras continuaba a la espera de una decisión definitiva sobre su estatus migratorio.

De acuerdo con esa versión, el activista no habría permanecido en condición de clandestinidad ni habría evitado los controles institucionales, sino que habría acudido a los mecanismos legales establecidos para su caso. Según su entorno familiar, el proceso se habría desarrollado dentro de los plazos legales correspondientes, sin una resolución final durante aproximadamente 10 años.

Asimismo, el comunicado señaló que la detención habría ocurrido pese a la existencia de documentación migratoria vigente, lo que ha sido interpretado por su entorno como una posible irregularidad en el procedimiento.

Sobre la situación legal de Beto Coral

La familia también sostuvo que Coral Garrido no presenta antecedentes penales en Colombia ni en Estados Unidos, y que ha desarrollado su vida laboral en territorio estadounidense durante el tiempo de permanencia en ese país.

En su relato, indicaron que el activista ha trabajado desde finales de 2015 en diferentes actividades, entre ellas labores asociadas a plataformas de transporte, además de cumplir con obligaciones fiscales durante su permanencia en Estados Unidos.

La familia también pidió que el proceso sea analizado desde la perspectiva del debido proceso y el respeto a los derechos fundamentales, insistiendo en que el caso no corresponde a una persona prófuga ni en condición de ilegalidad deliberada.