Presidente Petro informó que decreto que regula tarifas de energía tendrá otras ordenanzas para “cumplir el mandato constitucional”

El reciente decreto emitido por el Gobierno Petro para limitar el costo de la energía eléctrica ha generado una fuerte reacción en el sector energético colombiano, especialmente entre los generadores hidráulicos, que consideran que la nueva normativa representa una “intervención desproporcionada en el mercado”, según manifestó Acolgén.

En respuesta a las críticas que han girado entorno a ese decreto, el presidente Gustavo Petro defendió y anunció nuevas aristas al documento para que se refleje el consumo de los usuarios con las tarifas que pagan.

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El jefe de Estado expresó a través de su cuenta de X: “El decreto que pone un techo a la llamada bolsa de energía que es un mecanismo especulador, será acompañado de varios decretos adicionales con el fin de hacer cumplir el mandato constitucional en los servicios públicos. Las tarifas deben reflejar los costos del servicio. Punto”.

La medida, que obliga a estos generadores a vender al menos el 95% de su energía mediante contratos, fue calificada por el gremio como una restricción que debilita los principios de competencia y eficiencia en el sistema eléctrico nacional.

El Ministerio de Minas y Energía formalizó la expedición de este decreto con el objetivo de establecer lineamientos de política pública que permitan limitar el costo de la energía y aportar estabilidad tarifaria en el país.

De acuerdo con la explicación oficial, la iniciativa busca proteger a los hogares colombianos frente a la volatilidad de los precios, especialmente en contextos donde fenómenos como El Niño incrementan los costos de generación térmica.

En este sentido, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dispone de un plazo de tres meses para implementar mecanismos que garanticen que los generadores hidráulicos comercialicen al menos el 95% de su energía a través de contratos.

El decreto también contempla la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias orientadas a promover las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, en el territorio colombiano.

No obstante, la reacción de Acolgén fue de profunda preocupación. El gremio advirtió que estas disposiciones atentan contra la libre competencia, la eficiencia del sistema y la seguridad jurídica, lo que podría comprometer la sostenibilidad financiera de las empresas y la confiabilidad energética del país a largo plazo, lo que representaría que las generadoras entraran en crisis.

En palabras del gremio, “el decreto, bajo la justificación de proteger a los usuarios vulnerables, impone una camisa de fuerza a los generadores hidráulicos que debilita los principios de un mercado competitivo y eficiente”.

Acolgén alertó que las consecuencias de la medida podrían ser contraproducentes en el mediano y largo plazo, reflejándose en una reducción de las inversiones en generación y en un riesgo para la cantidad de energía disponible en el futuro, además de establecer riesgos financieros para las empresas generadoras.

El gremio subrayó que la obligación de vender “al menos el 95% de la generación horaria” mediante contratos es la disposición más perjudicial, ya que “la norma parece ignorar la naturaleza variable de la hidrología (lluvias).

Otro de los cuestionamientos del gremio energético se centra en el mandato a la Creg de diseñar en un plazo muy corto mecanismos de contratación flexibles, lo que, en opinión del gremio, lejos de simplificar, añadiría una capa de complejidad regulatoria que podría resultar ineficiente y burocrática.

Además, el gremio señaló que “es imperativo señalar que la norma establece un trato regulatorio desigual que afecta la libre competencia entre tecnologías. Específicamente, se impone una obligación de contratación únicamente a la tecnología hidráulica, excluyendo a las demás fuentes de generación (solar, eólica y térmica)”.