La apertura de una investigación preliminar por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) puso bajo escrutinio la inscripción de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez al Senado para el 2026.
El proceso se centra en la posible inhabilidad del exmandatario para aspirar a un escaño legislativo, derivada de su situación judicial, lo que podría haber afectado la validez de su postulación.
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El CNE, mediante un auto fechado el 18 de junio de 2025 en Bogotá, D.C., resolvió avocar conocimiento y decretar la apertura de indagación preliminar en el expediente identificado como CNE-E-DOE-2023-025144.
El objeto de la investigación es la nulidad de la revocatoria de inscripción de la candidatura de Álvaro Uribe Vélez al Senado, que fue inscrito por el partido Centro Democrático para las elecciones legislativas.
El fallo señala que la indagación se fundamenta en la posible configuración de una causal de inhabilidad, específicamente por renuncia de la candidatura, conforme al parágrafo 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
El documento oficial establece que Álvaro Uribe Vélez dispone de un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación del auto para presentar sus argumentos y aportar las pruebas que considere esenciales en relación con la presunta inhabilidad en la inscripción.
El texto indica: “CONCEDER al ciudadano ÁLVARO URIBE VÉLEZ, el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación de este Auto, para que exponga lo que considere conveniente en relación con la presunta existencia de la causal de inhabilidad en la inscripción y allegue las pruebas que estime esenciales para demostrar sus argumentos, en el trámite de nulidad de la inscripción por presunta configuración de la inhabilidad de renuncia”.
Simultáneamente, el Centro Democrático fue requerido para que, en el mismo plazo de diez días hábiles desde la notificación, exponga su posición dentro de la actuación.
El auto también dispone que se tendrán como pruebas los documentos ya obrantes en el expediente, así como las resoluciones y actas suministradas por la Secretaría Ejecutiva de la Corporación, en cumplimiento del artículo 151, inciso 2, del Cpaca.
El CNE ordenó la notificación del auto a los sujetos procesales y a terceros interesados a través de la Secretaría Ejecutiva, conforme a los artículos 45 y 46 de la Ley 1437 de 2011 y a la Circular Externa No. 001 del 10 de enero de 2023-025144, siguiendo el nuevo sistema de notificaciones electrónicas.
Además, en cumplimiento del artículo 24 de la Ley 1475 de 2011, se dispuso la publicación del texto íntegro del auto en la página web de la entidad.
El consejero ponente Altus Alejandro Baquero Rueda firmó la resolución, que también comisiona al Secretario Ejecutivo para la elaboración de las actas, publicaciones y comunicaciones pertinentes. “NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE”, concluye el documento oficial.
Tribunal de Bogotá decidirá futuro judicial de Álvaro Uribe
La expectativa en torno al futuro judicial de Álvaro Uribe Vélez alcanza su punto máximo ante la inminente decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que el martes 21 de octubre a las 8:00 a. m. dará lectura al fallo de segunda instancia sobre la condena por soborno en actuación penal y fraude procesal impuesta al exmandatario.
Este pronunciamiento podría determinar si el expresidente queda absuelto o si se confirma, total o parcialmente, la sentencia que lo convirtió en el primer exjefe de Estado colombiano condenado penalmente, un hecho sin precedentes en la historia judicial del país.
El proceso judicial que involucra a Uribe Vélez se remonta a más de una década atrás y tiene su origen en un debate de control político realizado en 2012 en el Congreso.
En esa ocasión, el senador Iván Cepeda presentó testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes señalaron tanto a Uribe Vélez como a su hermano Santiago Uribe por su presunta participación en la fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Como reacción, el expresidente denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos.
La investigación, sin embargo, tomó un rumbo inesperado en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia concluyó que no existían méritos para investigar a Cepeda y, en cambio, halló indicios de que Uribe Vélez habría participado en un esquema para manipular testigos a través de terceros, entre ellos su entonces abogado Diego Cadena.
Según la Fiscalía, el expresidente ideó y promovió una estrategia para que exparamilitares modificaran sus declaraciones o afirmaran que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, con el objetivo de engañar a la justicia.
En la primera instancia del proceso, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria tras considerarlo responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La magistrada sostuvo que el exmandatario concibió un “plan criminal” para que exparamilitares acusaran falsamente a Cepeda de ofrecer beneficios a cambio de testimonios en su contra.
De confirmarse la condena, Uribe Vélez marcaría un hito en el sistema judicial colombiano al convertirse en el primer expresidente en recibir una sentencia penal. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá será determinante para el futuro político y judicial del exmandatario y representa uno de los momentos más relevantes en la historia reciente de la justicia en Colombia.
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