Daniel Quintero pidió que EE. UU. investigue su patrimonio tras acusaciones de presunta corrupción en venta de la gerencia de Afinia

La publicación de dos informes publicados por la revista Semana puso en el centro de la atención a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, y a su hermano Miguel Quintero, al exponer nuevas evidencias y testimonios que los vinculan con presuntos actos de corrupción.

Ante la magnitud de estas revelaciones, Daniel Quintero solicitó públicamente a la justicia de Estados Unidos que investigue su situación patrimonial, buscando despejar cualquier duda sobre su integridad.

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La investigación periodística del medio citado presentó, por un lado, nuevos chats, videos y testimonios que comprometen a Miguel Quintero en posibles hechos ilícitos.

Por otro, el medio reveló el testimonio secreto de un supuesto caso de venta de la gerencia de Afinia por ocho millones de dólares (USD 8.000.000), transacción que habría ocurrido durante la administración de Daniel Quintero al frente de la alcaldía de Medellín.

Este señalamiento ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, al involucrar directamente al exmandatario en una acusación de alto perfil.

En respuesta a estas acusaciones, Daniel Quintero dirigió una petición formal a la administración de Estados Unidos, solicitando que se esclarezca si posee o ha poseído activos en ese país o en cualquier otra jurisdicción que no hayan sido debidamente declarados.

En sus palabras Quintero afirmó: “Son denuncias anónimas, por eso yo mismo le pido al Gobierno de los Estados Unidos que le informe al país si tengo o he tenido algún activo allá, o en cualquier otro lugar del mundo, que no haya declarado”.

Tras esta declaración, Daniel Quintero no ofreció comentarios adicionales sobre el caso ni abordó las informaciones que involucran a su hermano Miguel.

Fiscalía investiga presunta venta de gerencia de Afinia por USD 8 millones

Un testimonio bajo reserva, cuya identidad fue verificada por Semana, sostiene que la gerencia de Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM), habría sido vendida por USD 8 millones durante la administración de Daniel Quintero en Medellín. La Fiscalía investiga la supuesta transacción, en la que se mencionan a empresarios y funcionarios de alto perfil.

Según el relato, a finales de agosto de 2021, el excongresista William Ortega habría urgido la recolección de 5.000 millones de pesos para cumplir un compromiso con Daniel Quintero, de acuerdo con lo expuesto ante la Fiscalía. El testigo también señaló que los encargados de Afinia bajo Ortega serían Luis Felipe Salazar y Henry García, que, presuntamente, adjudicaban contratos a empresas designadas a cambio de dinero.

El informante, escuchado en 2022 por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, relató que el 4 de diciembre de 2020 recibió una llamada solicitando un candidato para la gerencia de Afinia.

Al día siguiente, en un club de El Poblado, se reunió con Misael Cadavid, Sebastián Ortega, Juan Felipe Salazar y ciudadanos venezolanos, quienes expresaron la urgencia de encontrar un gerente. Propuso a Javier Lastra, exagente especial de Electricaribe.

El 7 de diciembre de 2020, en una segunda reunión en el mismo club, William Ortega manifestó su interés en designar a Lastra, pero indicó que necesitaba recursos para pagar USD 8 millones a Daniel Quintero por la franquicia de Afinia.

También se mencionó la necesidad de contactar a Natasha Avendaño, entonces superintendente de Servicios Públicos, para evitar objeciones al nombramiento de Lastra, debido a antecedentes con su pareja, Alexis Sánchez, quien habría recibido 300 millones de pesos por el cargo de Lastra en Electricaribe.

Sin embargo, la actual gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá aclaró tal situación por medio de un comunicado de prensa suministrado a Infobae Colombia.

“No tuve ninguna participación en el nombramiento del señor Lastra como gerente de Afinia. Reitero que mi relación con el señor Lastra fue profesional y estrictamente limitada a las funciones como Superintendente de Servicios Públicos, dentro de las cuales no está participar, opinar o sugerir la elección o nombramiento de los gerentes de las empresas vigiladas, pues ello corresponde exclusivamente a las asambleas de accionistas o juntas directivas de las empresas, (de acuerdo a la conformación de la empresa de servicios públicos de que se trate), en los términos del artículo 19 de la Ley 142 de 1994, las disposiciones aplicables del Código de Comercio y las disposiciones internas contenidas en los estatutos y reglamentos del respectivo prestador”, afirmó Natasha Avendaño.

En las primeras semanas de 2021, Ortega habría solicitado al testigo 10.000 millones de pesos como cuota por el nombramiento de Lastra, argumentando que Afinia debía invertir 5 billones de pesos en la red y cumplir compromisos con el gobierno local.

El testigo también relató la participación de ciudadanos venezolanos y de Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde, quienes, según dijo, controlaban el 30% del negocio de Afinia.

El nombre de Emilio Tapia, condenado por corrupción, surgió como un obstáculo en el proceso. El testigo afirmó que Tapia se ofreció como mediador y que, tras una llamada a Jorge Carrillo (entonces gerente del Grupo EPM), se autorizó el nombramiento de Lastra.

Otra persona escuchada por la Fiscalía aseguró que Daniel Quintero presionó para que Lastra fuera designado gerente de Afinia, presentando su hoja de vida y solicitando su nombramiento a través de mensajes y llamadas a un alto funcionario de EPM. Aunque una firma seleccionó a tres candidatos para la junta directiva, un exfuncionario de EPM declaró que Carrillo reorganizó la junta para favorecer la elección de Lastra.

Los implicados respondieron a las acusaciones. Daniel Quintero calificó el testimonio como falso, negó vínculos con William Ortega y rechazó haber recomendado a Lastra para Afinia o haber intervenido en su elección.

Afirmó: “El gerente de Afinia es nombrado por un proceso de cazatalentos, el cual no se realiza ni siquiera en EPM, se realiza en Afinia. El presidente de la junta de EPM, el alcalde de Medellín, no participa en lo absoluto en ese proceso de selección”. Admitió haber recomendado a Lastra para un cargo en EPM, pero no para Afinia, y sugirió que el testimonio sería parte de una extorsión, algo que Lastra negó en diálogo con el medio.

Javier Lastra rechazó cualquier relación con la supuesta negociación y aseguró que su llegada a Afinia fue resultado de un proceso competitivo y legal.

También negó vínculos con Emilio Tapia y cualquier irregularidad en la contratación. Natasha Avendaño afirmó que su relación con Lastra fue estrictamente profesional y que no participó en su nombramiento.

Jorge Carrillo sostuvo que no presionó la designación de Lastra, que no tiene relación con Tapia y que la selección se realizó conforme a las normas de la organización.

Natasha Avendaño niega influencia en elección de gerente de Afinia

Natasha Avendaño aseguró que no intervino en el nombramiento de Javier Lastra como gerente de Afinia y que su relación con él se limitó a funciones estrictamente profesionales durante su gestión como Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios desde octubre de 2018.

La funcionaria subrayó que no ha sido notificada de ninguna investigación relacionada con presuntas irregularidades en el proceso de selección del gerente de Afinia en 2021, y afirmó desconocer la existencia de denuncias en su contra.

Al referirse a la intervención de Electricaribe, Avendaño precisó que la medida fue adoptada en noviembre de 2016, dos años antes de asumir su cargo, y que Javier Lastra ya había sido designado como agente especial en ese momento. Posteriormente, en noviembre de 2018, decidió remover a Lastra de su cargo y nombrar a otra persona, considerando necesario un cambio de enfoque para la gestión de la empresa.

Sobre la designación de Lastra como gerente de Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. – Afinia, Avendaño aclaró que fue una decisión del Grupo EPM, sin intervención de la Superintendencia, y que su vínculo con Lastra se limitó a los deberes legales de su cargo.

“No tuve ninguna participación en el nombramiento del señor Lastra como gerente de Afinia. Reitero que mi relación con el señor Lastra fue profesional y estrictamente limitada a las funciones como Superintendente de Servicios Públicos, dentro de las cuales no está participar, opinar o sugerir la elección o nombramiento de los gerentes de las empresas vigiladas”, puntualizó.

En relación con Alexis Sánchez, Avendaño indicó que lo conoció en 2017, antes de asumir la Superintendencia, y negó haber recibido dinero o recursos de él.

“Nunca recibí dineros de ninguna naturaleza provenientes de relación o gestión alguna del señor Alexis Sánchez. No he recibido ningún recurso diferente al del pago de los salarios que he devengado en los diferentes empleos que he ocupado”, afirmó.

Finalmente, Avendaño negó haber presentado hojas de vida a Jorge Carrillo o solicitado el nombramiento de personas en Afinia, y declaró no conocer a Sebastián Ortega ni a William Ortega.

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