La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) presentó en Bogotá un documento técnico con el propósito de liderar una transformación urgente del sistema penitenciario y carcelario en Colombia, declarado inconstitucional por la Corte Constitucional.
El foro, cuyos detalles fueron emitidos el 17 de octubre de 2025, reunió a autoridades nacionales, gobiernos locales, organismos de control y representantes del sector académico para discutir alternativas y medidas integrales.
Según el comunicado de la asociación, solo el 2% de las personas privadas de la libertad permanece en centros de reclusión municipales, distritales o departamentales.
La crisis carcelaria en cifras
Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, advirtió que el hacinamiento supera el 28% en los establecimientos nacionales, donde permanecen más de 104.000 personas privadas de la libertad.
A esto se suman más de 20.000 detenidos en centros de detención transitoria. Al respecto, Santamaría afirmó: “Las ciudades asumen competencias sin respaldo legal ni financiero suficiente, lo que limita su capacidad de respuesta”.
La operación del sistema territorial podría superar el billón de pesos anuales, mientras que la inversión en infraestructura requeriría cerca de 4 billones de pesos, lo que, según la asociación, deja en evidencia la urgencia de asegurar nuevas fuentes de financiación y un modelo sostenible.
Las alcaldías, de acuerdo con lo expuesto por el comunicado, deben responder por la totalidad de la población sindicada, estimada en más de 40.000 personas, además de garantizar condiciones básicas de habitabilidad, salud y alimentación en los centros de detención transitoria.
Por tanto, la Corte Constitucional —en fallos como la sentencia T-388 de 2013, T-762 de 2015, SU-122 de 2022 y autos 1096 de 2024 y 714 de 2025— ordenó a las entidades territoriales elaborar planes de deshacinamiento, construir infraestructura carcelaria y definir proyectos de financiamiento. Sin embargo, no existen fuentes claras de financiación ni una política nacional integral para coordinar estos esfuerzos.
Las limitaciones se evidencian en ciudades como Medellín, donde el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa, explicó: “Las estaciones de policía tienen capacidad para 640 personas, pero hoy albergan más de 1.600 sindicados. Eso representa un hacinamiento cercano al 150%”.
Villa anunció que la ciudad inició la construcción de una nueva cárcel para sindicados, a fin de cumplir las órdenes judiciales y ofrecer condiciones dignas y seguras, acción reportada por Asocapitales.
Estas son las propuestas
La propuesta técnica de Asocapitales plantea tres alternativas principales para resolver la crisis:
- Nacionalización del sistema penitenciario y carcelario, de forma que el Gobierno Nacional asuma toda la administración y financiación mediante el Presupuesto General de la Nación.
- Modelo de integración multinivel, que distribuiría competencias según la gravedad del delito. Las alcaldías gestionarían penas menores a 8 años; las gobernaciones, penas entre 8 y 15 años, y el Gobierno Nacional, delitos graves o vinculados al crimen organizado.
- Integración voluntaria, en la cual los entes territoriales con capacidad técnica y financiera asumirían de manera voluntaria la reclusión de personas sindicadas, si reciben la habilitación y la transferencia de recursos correspondientes.
En su llamado, Asocapitales advirtió que sin una reforma estructural, el sistema penitenciario continuará en situación crítica, con consecuencias directas sobre la seguridad ciudadana y la eficiencia judicial.
“Colombia debe avanzar en la construcción de una reforma legislativa que defina con claridad las competencias, establezca una fuente estable de financiación dentro del Sistema General de Participaciones y logre articular la justicia con la seguridad territorial”, concluyó Santamaría en el comunicado.
Asocapitales anunció , adicionalmente, la realización de mesas técnicas regionales y foros para construir una propuesta legislativa que aborde esta reforma del sistema penitenciario y carcelario en el país, según declaró la entidad en su mensaje oficial.
El panorama carcelario en el país se agravó en 2025: estudio
Un análisis de la Universidad del Rosario determinó que la crisis carcelaria en Colombia se agravó en 2025, impulsada por un hacinamiento que alcanza el 28,6% en establecimientos penitenciarios, según cifras del Inpec citadas por la institución.
El sistema reportó 104.395 personas privadas de la libertad frente a una capacidad instalada de solo 81.139 cupos. El panorama es más grave en las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde el hacinamiento supera el 142%, de acuerdo con el Ministerio de Justicia.
Samuel Escobar, director del pregrado en Criminología e Investigación Criminal, explicó que la sobrepoblación golpea especialmente a los centros de detención transitoria y afecta también cárceles de mujeres como la de Bogotá, con un 40,85%, y en Cesar, donde llega al 140%.
El experto resaltó que el problema trasciende el déficit de infraestructura, con violaciones recurrentes a derechos como la salud y la alimentación. Escobar advirtió que ni la construcción de más cárceles ni su privatización han resultado soluciones efectivas y resaltó la necesidad de políticas de prevención y modelos alternativos de justicia.
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