La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación preliminar contra el ministro de Justicia y del Derecho, Eduardo Montealegre Lynett, luego de la denuncia presentada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien lo señala de difundir mensajes de odio y de haberlo calificado como “criminal de guerra” mediante cadenas de Whatsapp.
La apertura de la indagación fue ordenada por la Procuradora Delegada Ponente Patricia Carrillo Blanco el pasado 10 de octubre de 2025, dentro del proceso radicado ante la Sala Disciplinaria de Instrucción del órgano de control.
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La queja, presentada por el exmandatario el 17 de septiembre de 2025, acusa a Montealegre de haber incurrido en una presunta intromisión indebida en la administración de justicia, al emitir pronunciamientos que, según Uribe, vulneran la autonomía judicial y afectan las garantías fundamentales en el proceso penal que se adelanta en su contra.
Para el exjefe de Estado, las actuaciones del ministro no solo cruzan los límites de la libertad de expresión, sino que buscan influir indebidamente en la opinión pública y en las decisiones judiciales.
De acuerdo con el documento entregado a la Procuraduría, Montealegre —quien fue Fiscal General de la Nación entre 2012 y 2016— figura como presunta víctima en el proceso penal que actualmente cursa ante el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de la capital.
En ese contexto, el ministro ha hecho uso de los derechos que le otorga el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal, los cuales permiten a las víctimas participar activamente en las diligencias judiciales.
Sin embargo, Uribe considera que Montealegre ha excedido ese espacio, utilizando su posición como funcionario público para interferir en el proceso.
La denuncia subraya que el ministro habría aprovechado su visibilidad institucional para promover mensajes de odio e información falsa, difundidos de manera masiva en redes y aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp.
En entrevista con el periodista Daniel Coronell, el ministro Eduardo Montealegre Lynett se refirió directamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez con expresiones como “criminal de guerra”, además de hacer alusión a su hermano, Santiago Uribe, y a los procesos judiciales relacionados con el paramilitarismo en Antioquia.
Las críticas del ministro Montealegre y a la familia Uribe Vélez
Durante esa conversación, Montealegre expuso su versión sobre el proceso penal de Santiago Uribe Vélez, asegurando que “la prueba contra Santiago era contundente”, pues existían testimonios y evidencias que demostraban la existencia del grupo paramilitar conocido como Los Doce Apóstoles. También sostuvo que absolver a Santiago Uribe constituiría un prevaricato, al considerar que las pruebas en su contra eran suficientes para una condena.
En sus declaraciones, Montealegre afirmó además que Álvaro Uribe habría orquestado un montaje judicial en su contra, a través de los señalamientos de la exfiscal Hilda Niño, quien lo acusó de haber impulsado una persecución desde la Fiscalía contra los hermanos Uribe. Según el ministro, “el montaje lo hace ese Álvaro Uribe para ocultar delitos de lesa humanidad. ¿Cuál delito de lesa humanidad? El caso de Los Doce Apóstoles”, expresó durante la entrevista.
Montealegre también señaló que “la fortuna de Álvaro Uribe tiene origen en que su padre era lavador del cartel de Medellín” y recordó que el exmandatario fue destituido como alcalde de Medellín por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Además, sostuvo que cuando Uribe dirigía la Aeronáutica Civil, otorgó licencias aéreas a miembros del cartel de Medellín.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación fundamentó la apertura de la investigación en lo dispuesto por el artículo 208 del Código General Disciplinario, que faculta al Ministerio Público para adelantar indagaciones preliminares cuando existan indicios de conductas contrarias a la ética y la función pública.
En esta etapa, el órgano de control busca determinar si las actuaciones y declaraciones del ministro vulneraron la autonomía judicial o los derechos fundamentales de las partes involucradas.
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