Cric condena violación “en manada” contra menor indígena Emberá y exige justicia sin impunidad

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) emitió un pronunciamiento de condena ante la violación “en manada” cometida contra una joven indígena Emberá, cuyo video fue difundido en redes sociales y causó indignación nacional. La organización calificó el hecho como un “crimen cruel, inhumano y degradante” que no puede justificarse bajo ninguna práctica cultural o forma de autonomía.

El comunicado, firmado por el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos del CRIC, rechaza que “un grupo de hombres se burle mientras comete y graba una violación sexual”, señalando que esto debe generar repudio y vergüenza, no solo en las comunidades indígenas, sino en toda la sociedad colombiana.

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“No existe autonomía, cultura ni costumbre que pueda justificar un crimen tan cruel”, enfatizó la organización en su declaración pública.

CRIC: “El patriarcado también habita en nuestros territorios”

Según el comunicado, el 14 de octubre de 2025 se conoció el video en el que varios hombres cometen el abuso sexual “en manada” contra una joven indígena. La Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia (CONNPEC) confirmó que la víctima es menor de edad y pertenece al pueblo Emberá, aunque aún se desconoce la procedencia exacta de los agresores.

Tras tener conocimiento del caso, el CRIC informó que contactó a la Fiscalía de Derechos Humanos Seccional Cauca para coordinar una ruta de acción que facilitara la identificación del territorio donde ocurrieron los hechos y apoyar la investigación con conocimientos técnicos y lingüísticos. Sin embargo, una vez establecido que el ataque no ocurrió en el departamento del Cauca, el consejo continuó articulando esfuerzos con comunidades y autoridades de otras regiones para ayudar en la identificación de los responsables y brindar acompañamiento a la víctima.

Aunque los hechos no se desarrollaron en territorio caucano, el CRIC subrayó que este tipo de violencias también se presentan dentro y fuera de las comunidades indígenas y que el caso debe servir para “tomar una posición coherente” frente a la violencia machista.

“El patriarcado también habita en nuestros territorios”, advierte el comunicado, recordando que no es posible defender la vida mientras se tolere la impunidad de los cuerpos violentados de las mujeres.

“No habrá paz mientras los cuerpos de las mujeres sean territorio de guerra”

El CRIC afirmó que este crimen no puede entenderse como un hecho aislado, sino como la manifestación más extrema de una cadena de violencias cotidianas que sufren las mujeres en diferentes entornos: el hogar, el trabajo, las instituciones y hasta los tribunales. El consejo sostuvo que la violencia sexual es el reflejo de un Estado patriarcal, racista y estigmatizante, incapaz de garantizar justicia, protección y dignidad para las mujeres indígenas.

“Seguimos habitando un país donde violar a una mujer no tiene consecuencias reales, donde se las culpa, se las calla o se las expone como espectáculo”, advirtió la organización.

En ese sentido, el CRIC exigió al Estado colombiano garantizar justicia, protección y reparación integral a la víctima, al tiempo que instó a las autoridades indígenas a actuar sin encubrir a los agresores bajo argumentos de justicia propia. También hizo un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a no continuar difundiendo el video del abuso, “para no convertir el dolor en espectáculo” y comunicar con respeto y sensibilidad hacia la víctima y su comunidad.

Solidaridad con la víctima y llamado a la acción

El Consejo Regional expresó su solidaridad con la joven Emberá y su familia, asegurando que no están solos y que pueden contar con el acompañamiento de la organización para garantizar su protección.

Con este llamado, el CRIC confirma que no solo exige justicia en este caso puntual, sino que también invita a una reflexión profunda sobre el machismo y la impunidad que atraviesan las comunidades y la sociedad colombiana.

La organización insiste en que ningún proceso de autonomía indígena puede amparar crímenes de violencia sexual, y que toda justicia (propia o estatal) debe estar al servicio de la vida, la dignidad y los derechos humanos de las mujeres.