La seguridad de los datos personales de millones de usuarios en Colombia está bajo la lupa tras la apertura de una investigación formal contra las principales operadoras móviles del país.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un proceso contra Tigo, Claro, Movistar y WOM por presuntas irregularidades en la reposición de SIM Cards, una situación que podría acarrear sanciones económicas de gran magnitud para cada empresa involucrada.
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El 14 de octubre de 2025, la SIC, con sede en Bogotá D.C., informó que la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones detectó posibles fallas en los procedimientos de validación de identidad durante la reposición de tarjetas SIM.
Las compañías investigadas, Colombia Móvil S.A. ESP (Tigo), Comunicación Celular S.A. Comcel (Claro), Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp BIC (Movistar) y Partners Telecom Colombia S.A.S. (WOM), habrían permitido el intercambio de SIM Cards sin la debida autorización de los titulares, lo que expone a los usuarios a riesgos importantes.
El informe oficial señala que las operadoras no implementaron herramientas tecnológicas ni mecanismos confiables para verificar la identidad de los usuarios al reponer una SIM Card.
Además, se indica la ausencia de controles periódicos que garanticen la efectividad de los procesos de seguridad, a pesar de que existían antecedentes de posibles vulneraciones en este tipo de procedimientos. También se destaca la falta de respuestas claras y suficientes a los usuarios que presentaron quejas por reposiciones no autorizadas, lo que incrementa la preocupación por la protección al consumidor.
En el centro de la investigación se encuentra el SIM Swapping (es decir, el intercambio del Módulo de Identidad del Suscriptor), una práctica fraudulenta que consiste en el intercambio no autorizado de la tarjeta SIM de un usuario.
Este método permite a terceros acceder a la línea telefónica y, potencialmente, a información personal sensible, lo que puede derivar en fraudes financieros y robo de datos. La importancia de este fenómeno radica en el impacto directo sobre la seguridad digital de los usuarios y la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en la prevención de este tipo de delitos.
Las consecuencias para las compañías investigadas podrían ser severas. De comprobarse las conductas señaladas, cada empresa se enfrenta a la posibilidad de recibir multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv).
El proceso administrativo establece que las resoluciones que formulan los cargos no admiten recurso alguno, ya que se consideran actos de trámite. Sin embargo, las operadoras cuentan con un plazo de quince días hábiles desde la notificación para ejercer su derecho de defensa y presentar argumentos en su favor.
La SIC, como autoridad de vigilancia y control en el sector de las comunicaciones, reafirma su función de proteger a los usuarios y garantizar que las empresas cumplan con los estándares de seguridad y atención al cliente.
El organismo subraya la importancia de que las operadoras implementen mecanismos efectivos para salvaguardar la integridad de los datos personales y responder adecuadamente a las inquietudes de los consumidores.
CRC advierte riesgos económicos por integración Tigo-Une y Movistar
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) advirtió sobre riesgos económicos asociados a la integración entre Tigo-Une y Movistar, una operación que actualmente evalúa la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El concepto técnico complementario, divulgado el 20 de septiembre de 2025, resalta la posible afectación a la pluralidad de actores y la dinámica competitiva en el sector de telecomunicaciones en Colombia.
El análisis de la CRC identifica como principal amenaza la posibilidad de que la integración genere efectos coordinados con Comcel, el mayor operador del país, lo que podría traducirse en impactos negativos sobre los precios y el bienestar de los consumidores.
La entidad advierte que la concentración de poder facilitaría acuerdos o comportamientos que limiten la competencia, afectando directamente a los usuarios finales.
El documento examina especialmente tres mercados sensibles: acceso y originación móvil, servicios móviles e Internet fijo residencial. Según la CRC, estos segmentos requieren vigilancia prioritaria, ya que cualquier alteración podría comprometer la pluralidad de opciones y la calidad del servicio.
La CRC evaluó propuestas y observaciones de terceros, determinando cuáles podrían implementarse, cuáles necesitan mayor análisis y cuáles resultarían inconvenientes o contrarias a la regulación vigente.
El objetivo es evitar desequilibrios competitivos y garantizar la presencia de múltiples agentes en el mercado. En mayo de 2025, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) también emitió un concepto técnico sobre la integración, advirtiendo que la reducción de cuatro a tres competidores y la concentración en dos grandes operadores podría elevar el riesgo de efectos anticompetitivos, especialmente de tipo coordinado.
El análisis señala que esta situación podría dificultar la sostenibilidad de operadores más pequeños, como WOM, y afectar la competencia a largo plazo.Entre los posibles beneficios, el MinTIC destaca la generación de economías de escala en la gestión de redes y sinergias en la inversión para tecnologías avanzadas como 5G.
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