Exsenador del Partido Liberal fue condenado a diez años de prisión tras pactar votos con paramilitares

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una condena de diez años de prisión contra el exsenador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, tras hallarlo responsable del delito de concierto para delinquir agravado; la sentencia se basa en su alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), organización paramilitar que operó con fuerza en el departamento de Norte de Santander.

El fallo surge después de una investigación llevada por la Sala Especial de Instrucción, que acusó formalmente al excongresista por haber establecido una alianza con dicha estructura armada ilegal. La Corte concluyó que Carlos Emiro Barriga sostuvo vínculos con miembros de ese grupo para obtener beneficios electorales y apoyo financiero. A cambio, permitió la instalación de una base paramilitar en una finca de su propiedad.

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El tribunal sostuvo que la conducta del exsenador quebrantó el orden constitucional y jurídico del país. Según la sentencia, el acusado no mantuvo una posición neutral frente al conflicto armado, sino que facilitó la actuación de un grupo armado ilegal para consolidar su carrera política.

La Corte indicó que el comportamiento del condenado fortaleció el poder territorial del Bloque Catatumbo y debilitó la institucionalidad en una región históricamente golpeada por la violencia.

El fallo impuso una pena de 120 meses de prisión —equivalente a diez años— y una multa de 3.999,8 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Además, se decretó la inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual periodo.

El pacto político con el paramilitarismo en Colombia

La Corte determinó que Barriga sostuvo una alianza con el Frente Fronteras del AUC estructura armada ilegal al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano o “Pedro Fronteras”. Esta relación se desarrolló entre los años 2002 y 2004, con el objetivo de obtener beneficios políticos y electorales en su campaña al Senado para el periodo constitucional 2002-2006, en la que figuró como cuarto renglón en la lista encabezada por Eduardo Benítez Maldonado, por el Partido Liberal.

Según lo establecido en la resolución de acusación, Barriga buscó favorecer su candidatura y la de otros aspirantes afines, mediante el respaldo armado, el ejercicio de influencias en el ámbito militar, especialmente en el departamento de Norte de Santander, y la promoción de obras de infraestructura en la zona de Juan Frío, municipio de Villa del Rosario.

El fallo dejó en claro que Carlos Emiro Barriga ofreció beneficios concretos a cambio de apoyo político por parte de una organización armada ilegal, lo que configuró una grave violación al orden legal y constitucional. La Sala concluyó que el exsenador no actuó como un político ajeno a la violencia, sino como un aliado funcional de una estructura criminal que operó con fuerza en la región.

La Corte sostuvo que la conducta del excongresista fortaleció la capacidad territorial del Bloque Catatumbo y contribuyó a la deslegitimación de las instituciones democráticas en una zona históricamente afectada por el conflicto armado. El tribunal explicó que la utilización de su finca para facilitar actividades paramilitares no fue un hecho aislado, sino parte de un acuerdo político con fines electorales y estratégicos.

Con esta condena, la Corte reafirma su posición frente a la responsabilidad penal de los servidores públicos que, en ejercicio de funciones políticas, decidieron vincularse con organizaciones criminales para asegurar su ascenso o permanencia en el poder. El caso de Carlos Emiro Barriga Peñaranda revela una estructura de colaboración directa entre política y paramilitarismo, con consecuencias institucionales profundas para la región y para el país.

Esta decisión representa un paso más en el esclarecimiento judicial de los vínculos entre actores políticos y estructuras armadas ilegales en Colombia, un fenómeno conocido como parapolítica que es ampliamente denunciado por su impacto negativo en la legitimidad democrática, la transparencia electoral y el orden constitucional del país.