Un ataque sicarial en el norte de Bogotá dejó heridos a dos activistas venezolanos, Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez, quienes recibieron varios disparos cuando salían de un conjunto residencial en el barrio Cedritos en la tarde del lunes 13 de octubre de 2025.
El hecho, que ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y la comunidad migrante, se registró mientras ambos se dirigían a tomar un transporte.
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De acuerdo con las autoridades, los agresores, tres individuos aún no identificados, se movilizaban en un vehículo desde el cual abrieron fuego en plena vía pública.
Tras el ataque, los responsables huyeron a pie, dejando el automóvil abandonado. Las víctimas, Peche —analista político— y Velásquez —defensor de derechos humanos, activista Lgbti+ y solicitante de refugio en Colombia—, fueron trasladadas de inmediato a la clínica Reina Sofía, donde recibieron atención médica por heridas en las extremidades inferiores.
El estado de ambos se reportó como estable, aunque Velásquez requirió una intervención quirúrgica.

Investigación policial y hallazgos clave
La investigación policial avanzó tras el atentado. El teniente coronel Ricardo Chaves, comandante de la estación de Policía de Usaquén, explicó que el vehículo utilizado en el ataque fue localizado en la localidad de Suba, al occidente de la ciudad.
En su interior, las autoridades hallaron dos pistolas y los cargadores de munición, elementos que presuntamente se emplearon en el atentado. Chaves detalló que, tras identificar las características del automóvil, se activó un plan candado que permitió su ubicación, aunque los atacantes lograron escapar a pie y continúan siendo buscados por la Policía Nacional.
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores es que el vehículo de los agresores habría salido del mismo conjunto residencial que las víctimas minutos antes del ataque.
Este dato sería clave para determinar si existía algún tipo de vínculo previo entre los sicarios y los activistas, o si los responsables tenían información sobre los movimientos de Peche y Velásquez.
Las autoridades han abierto una línea de investigación específica para esclarecer el motivo detrás de la presencia de los atacantes en el mismo lugar.

Contexto de las víctimas y situación migratoria
El contexto de las víctimas añade complejidad al caso. Según la información oficial, ambos activistas venezolanos llegaron a Colombia en septiembre de 2024, tras huir de su país debido a persecución política.
Uno de ellos había sido previamente capturado y liberado bajo salvoconducto, y se encontraba gestionando la nacionalidad colombiana al momento del ataque. Esta situación refuerza la preocupación sobre la seguridad de los migrantes y defensores de derechos humanos en el país.
Las autoridades han reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos. El teniente coronel Chaves resaltó que la investigación sigue en curso y que se están analizando todas las hipótesis posibles para dar con el paradero de los responsables.
Por su parte, la Policía Nacional confirmó a EL TIEMPO que, hasta el momento, no existían registros de amenazas previas contra Peche y Velásquez en territorio colombiano, un elemento que añade incertidumbre sobre las motivaciones detrás del ataque.
Defensoría condenó el atentado
La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo al atentado a través de redes sociales, subrayando la gravedad del ataque contra los dos ciudadanos venezolanos y la importancia de su labor. En su pronunciamiento, la entidad destacó que las víctimas habían solicitado apoyo institucional para garantizar su seguridad y la de otros líderes sociales en situación similar.
“Rechazamos el atentado ocurrido hoy en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista Lgbt+ y solicitante de refugio en Colombia”, manifestó la Defensoría.
El organismo también enfatizó la necesidad de denunciar estos hechos a nivel internacional y de fortalecer la protección a migrantes y refugiados, especialmente cuando su condición de víctimas de persecución se agrava por nuevos episodios de violencia en el país de acogida.
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