La presencia de uniformados del CAI de Villaluz en las oficinas de la Nueva EPS en Bogotá generó una serie de versiones encontradas sobre el objetivo y los resultados del operativo.
Según información obtenida por El Tiempo, la diligencia policial se ejecutó con base en una orden de arresto emitida por un juzgado de Antioquia, dirigida presuntamente contra Gloria Libia Polanía Aguillón, quien asumió recientemente la intervención de la entidad tras la salida de Bernardo Camacho, designación del gobierno de Gustavo Petro.
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El operativo, que quedó consignado en una minuta policial, fue atendido por César Franco, gerente de la Unidad de Servicios Compartidos, y por el abogado Andrés Felipe Castro Galvis. Ambos funcionarios informaron a los agentes que la persona buscada había presentado su renuncia, la cual fue aceptada, y que en su lugar se encontraba Aldemar Casadiego Jaime.
Esta versión fue recogida en el reporte policial enviado al juez de Yarumal, Antioquia, quien había ordenado el arresto en el marco de un proceso contra la Nueva EPS, que cuenta con más de 11,5 millones de afiliados, por el incumplimiento de un fallo judicial a favor de un paciente.
El informe policial señala que la dificultad para localizar a la nueva interventora se debe a la supuesta renuncia, aunque allegados al proceso manifestaron al medio citado su intención de solicitar una investigación para determinar si efectivamente se produjo la dimisión de Polanía Aguillón o si se trató de una maniobra para evitar su detención, lo que podría afectar los derechos del paciente que interpuso la acción constitucional.
César Franco confirmó la visita de la Policía a la entidad, pero negó que la orden de arresto estuviera dirigida a Gloria Polanía. Según sus declaraciones, “las autoridades tienen que haberse confundido, porque vinieron por un desacato de tutela pero contra Bernardo Camacho. Les dijimos que él ya había renunciado y no trabajaba en la entidad. Gloria Polanía no ha renunciado, ella sigue aquí”, explicó al medio citado. Además, Franco aclaró que no se trataba de una orden de captura, sino de una orden de arresto por desacato de tutela.
Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá sostiene que la orden de arresto sí corresponde a Polanía Aguillón. El informe policial indica que “es de indicar que la señora Gloria Libia Polanía, representante legal de la Nueva EPS, tiene aproximadamente más de 400 órdenes de arresto de diferentes despachos (juzgados), sin embargo, la Policía Metropolitana de Bogotá ha adelantado todas las actividades con el fin de ejecutar la orden de arresto e informado a los juzgados de competencia”.
Nueva EPS se pronunció
Tras la publicación de la versión policial, la Nueva EPS emitió un comunicado en el que desmintió la supuesta renuncia de Polanía Aguillón y precisó que la visita de la Policía tenía como objetivo “recabar información sobre órdenes judiciales vigentes contra algunos funcionarios de la entidad, incluyendo al exagente interventor”.
El comunicado añade que “durante dicha diligencia, se informó claramente que quien renunció fue justamente el anterior interventor, y que en su lugar fue designada Polanía Aguillón (...) Respecto al gerente regional, Aldemar Casadiegos Jaime se informó que el día de esta diligencia, este se encontraba vinculado como Gerente de la Regional Centro Oriente de la EPS, pero que no se encontraba disponible el día de la diligencia”.
La entidad también negó que se hubiera mencionado a Casadiego Jaime como reemplazo de la actual agente interventora, como figura en el informe policial, y rechazó que el operativo se hubiera realizado el 9 de octubre de 2025 en la Oficina Nacional de Bogotá para ejecutar una orden de arresto contra Polanía Aguillón. Según la Nueva EPS, la diligencia tuvo lugar el 29 de septiembre.
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