Curtimbres lanzan químicos peligrosos al río Bogotá: la CAR le envió fuerte advertencia a empresas

El persistente deterioro del río Bogotá en su tramo alto, pese a los controles y permisos ambientales otorgados al sector de las curtiembres, encendió nuevamente las alarmas de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca.

En una mesa de trabajo realizada en Villapinzón, el director general de la entidad, Alfred Ballesteros, lanzó un enérgico llamado de atención a los empresarios del cuero, al advertir que los avances en materia de descontaminación son prácticamente nulos.

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“El río está igual o peor que hace 15 años”, aseguró Ballesteros durante su intervención, en la que cuestionó la efectividad de los controles ambientales y la disposición de los industriales para transformar sus procesos productivos.

El funcionario se refirió especialmente a los vertimientos químicos que siguen afectando la calidad del agua del afluente, pese a las exigencias impuestas por la autoridad ambiental.

En la región de Villapinzón y Chocontá operan actualmente alrededor de 110 curtiembres, de las cuales cerca de la mitad cuenta con permiso de vertimiento.

Sin embargo, la CAR advirtió que la contaminación persiste debido al uso intensivo de sustancias como cromo, taninos y sulfuros, empleadas en el tratamiento de pieles animales. Estos compuestos, según el organismo, representan un riesgo grave para los ecosistemas acuáticos y para la salud de las comunidades vecinas.

Durante el encuentro, Ballesteros interpeló directamente a los empresarios sobre la responsabilidad ambiental y social de su actividad. “¿Ustedes serían capaces de beber del efluente de sus sistemas industriales? ¿Serían capaces de darle un vaso de esas aguas a uno de sus hijos? ¿Es justo que se lo hagamos a los demás?”, cuestionó, en declaraciones recogidas por la entidad.

El director de la CAR lamentó que, pese a que en los últimos 15 años se han expedido más de 50 permisos de vertimiento, los resultados sean mínimos. “¿Sirvió de algo otorgar 54 permisos? ¿O simplemente estamos usando el permiso para evadir operativos de control y decir ‘somos legales’?”, planteó Ballesteros, quien sostuvo que muchos empresarios han entendido la normatividad como una licencia para seguir contaminando.

A la falta de avances en la reducción de vertimientos se suma un fenómeno que preocupa a la autoridad ambiental: la aparición de un mercado irregular de certificaciones.

De acuerdo con la CAR, algunas curtiembres gestionan sus documentos de manejo de vertimientos con empresas de otras regiones del país, sin que exista claridad sobre su idoneidad ni sobre los métodos que emplean para tratar aguas residuales.

Esta práctica, advirtió Ballesteros, pone en riesgo la trazabilidad de los procesos y mina la confianza en los mecanismos de control ambiental.

Ante este panorama, la Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental de la CAR ha intensificado los operativos en coordinación con el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional.

Estas acciones han permitido realizar capturas, incautaciones y procesos de extinción de dominio contra establecimientos que operan al margen de la ley. No obstante, el director reconoció que “estos esfuerzos resultan insuficientes ante la magnitud del daño ambiental que sigue ocasionando esta actividad al río Bogotá”.

Por esa razón, la corporación ha puesto en marcha programas de reconversión tecnológica, producción más limpia y economía circular, además de jornadas de capacitación orientadas a sensibilizar al sector. Según Ballesteros, la entidad está dispuesta a brindar apoyo financiero y técnico para proyectos de saneamiento, siempre que exista un compromiso real por parte de los empresarios.

Uno de los puntos más críticos señalados por la CAR es la baja participación del sector en los espacios de diálogo.

De las 110 empresas identificadas, apenas 40 asistieron a la mesa de trabajo convocada por las autoridades. Ballesteros recordó que desde hace más de una década está pendiente la construcción de un parque industrial del cuero, ordenada por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar en la sentencia del río Bogotá de 2004 y ratificada por el Consejo de Estado en 2014.

Dicho proyecto busca concentrar las curtiembres en un solo lugar y facilitar la instalación de un sistema de tratamiento común, pero hasta el momento no ha podido concretarse por falta de concertación y por obstáculos normativos.

En ese sentido, Ballesteros pidió abrir un debate técnico y jurídico para superar las restricciones que impiden instalar obras de saneamiento en zonas de ronda. “Necesitamos entender que un colector o un sistema de tratamiento común es una obra de saneamiento ambiental, y por tanto la limitación normativa de estar en zona de ronda no puede ser un impedimento”, enfatizó.