Las tensiones dentro de la Fiscalía General de la Nación quedaron al descubierto tras una dura carta enviada por la fiscal Lucy Marcela Laborde a la fiscal general Luz Adriana Camargo, en la que la funcionaria denuncia presiones indebidas, decisiones impuestas y la falta de garantías en el desarrollo de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro.
Laborde, quien lidera el caso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, manifestó su inconformidad por la designación de fiscales de apoyo sin que mediara solicitud de su parte, lo que calificó como una vulneración directa de la independencia funcional de su despacho.
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En su carta, dirigida de manera formal a Camargo, advirtió que las resoluciones que designaron esos apoyos —la 0091 del 26 de marzo, la 023 del 21 de mayo y la 033 del 8 de septiembre de 2025— fueron “impuestas sin justificación alguna”.
“En lo que respecta a las resoluciones expedidas en torno a la designación de fiscales de apoyo, debo precisar con claridad que en ninguna ha mediado solicitud de mi parte; es decir, todas han sido impuestas, desconociendo las razones que motivaron tal designación”, afirmó Laborde.
La fiscal celebró, no obstante, la posterior revocatoria de esas designaciones mediante la Resolución 313, al considerar que el acto significó un reconocimiento al principio de autonomía que rige su cargo. “Recibí con beneplácito la expedición de la Resolución 313, mediante la cual se revocaron las resoluciones anteriores, lo cual interpreto como un acto de respeto hacia la independencia funcional de esta fiscal delegada”, subrayó.
En su comunicación, Laborde también se refirió a las reuniones convocadas por las direcciones de lavado de activos y corrupción, que calificó como “inusuales” y que, a su juicio, atentaron contra la reserva procesal del expediente.
Según explicó, en dichos encuentros se buscó conocer los detalles de los elementos probatorios que sustentan la nueva imputación contra Nicolás Petro, lo que consideró un procedimiento irregular.
“Dicha reunión, como se puede constatar, tuvo como propósito conocer los hechos y sujetos procesales del radicado en el cual se realizará la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, actuación desleal y contraria al principio de reserva procesal”, advirtió la fiscal.
Otro de los puntos críticos de la carta está relacionado con las filtraciones constantes de información a los medios y el manejo de las solicitudes presentadas por la defensa del investigado.
Laborde afirmó que algunas peticiones del abogado de Nicolás Petro estaban siendo remitidas directamente a la fiscal de apoyo y no a su despacho, situación que interpretó como un intento de desplazar su autoridad dentro del proceso.
Además, la fiscal pidió a la dirección de la entidad que se le informe si existe alguna investigación en su contra, luego de que el abogado de Nicolás Petro interpusiera denuncias penales y disciplinarias en su nombre.
“Elevé petición formal para que se me informara si en la dependencia competente cursa algún proceso en mi contra; sin embargo, su despacho ha guardado silencio hasta la fecha”, puntualizó Laborde.
El caso ha estado rodeado de controversias políticas y mediáticas. El propio presidente Gustavo Petro ha hecho comentarios en redes sociales sobre el proceso judicial de su hijo, pese a haber asegurado públicamente que no interferiría en las decisiones de la Fiscalía.
Estas intervenciones llevaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca a pronunciarse sobre el posible impacto que los pronunciamientos del mandatario podrían tener en la independencia judicial.
En su misiva, Laborde subrayó que todas sus actuaciones se han desarrollado conforme a los principios de transparencia, legalidad e independencia funcional, y que su intención es salvaguardar la integridad del proceso frente a cualquier intento de presión externa o interna, ya sea del mismo presidente.
“Las filtraciones a la prensa, la designación de fiscales sin solicitud y la falta de respuesta institucional ante mis peticiones crean un ambiente de desconfianza que no contribuye al ejercicio de la justicia”, enfatizó la fiscal.
La respuesta oficial de la fiscal general Luz Adriana Camargo aún no se ha hecho pública. Sin embargo, el tono de la comunicación de Laborde deja claro que la tensión dentro de la Fiscalía alcanza niveles sin precedentes, en medio de un caso que sigue siendo uno de los más sensibles y políticamente cargados del país.
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