
El municipio de Totoró, en el oriente del departamento del Cauca, atraviesa momentos de luto tras el asesinato del líder social y abogado Willer Gallego Mazabuel y de su hijo, Daniel Felipe Gallego Jaramillo, un adolescente.
Ellos fueron atacados por hombres armados en la vereda El Diviso, jurisdicción del resguardo indígena de Paniquitá.
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De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió hacia el mediodía de este 9 de octubre, cuando las víctimas se dirigían hacia su vivienda. En el camino fueron interceptadas por varios sujetos que, según testigos, los rodearon e intimidaron antes de dispararles en repetidas ocasiones. Las autoridades locales confirmaron que ambos murieron en el lugar.
El alcalde de Totoró, Jorge Luis Pizo, expresó su consternación y aseguró que el municipio pierde a uno de sus ciudadanos más reconocidos por su compromiso con la comunidad. “Como comunidad estamos muy golpeados por este hecho, más cuando la víctima era ampliamente conocida por su aporte al municipio. De hecho, buscó llegar al Concejo en las pasadas elecciones, además fue gerente de la empresa de transporte local Coototrans y ahora estaba dedicado al litigio, porque era abogado de profesión”, manifestó el mandatario.
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El doble homicidio se produjo en una jornada marcada por enfrentamientos entre estructuras ilegales que operan en la zona y la Fuerza Pública. En la mañana del mismo día se reportaron combates entre integrantes del ELN y disidencias de las Farc, así como enfrentamientos posteriores con unidades del Ejército Nacional. La situación generó pánico entre los habitantes, muchos de los cuales permanecieron confinados ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.

Las autoridades indígenas del resguardo de Paniquitá habían advertido desde tempranas horas sobre la presencia de grupos armados en el sector de Santa Bárbara y en veredas cercanas. En un comunicado, las comunidades alertaron sobre el “inminente riesgo para la vida e integridad física, cultural y espiritual del territorio” debido a la intensificación de las hostilidades.
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De acuerdo con los reportes comunitarios, durante los combates se escucharon detonaciones y ráfagas de fusil a corta distancia, además de observarse “la circulación de aeronaves” y el desplazamiento de hombres fuertemente armados por las montañas del oriente caucano. Estas acciones provocaron el confinamiento de varias familias y la suspensión de las actividades escolares y productivas.
La Alcaldía de Totoró confirmó que los hechos se registraron en medio de ese contexto de violencia, lo que incrementó la preocupación por la seguridad de los habitantes. “Desde horas de la mañana, alrededor de las 6:00 a.m., se presentaron enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley y la fuerza pública en las veredas de El Diviso y La Primavera, dejando en peligro la vida e integridad de la comunidad paniquiteña”, señaló la administración municipal en un comunicado público.
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Las organizaciones indígenas y campesinas del oriente del Cauca se preparan para realizar actos simbólicos y movilizaciones en rechazo a la violencia. Estas manifestaciones también servirán para acompañar a los familiares de las víctimas, quienes han solicitado protección y la presencia permanente de organismos de derechos humanos en el territorio.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) condenó el asesinato y exigió al Gobierno nacional y a las instituciones competentes adoptar medidas urgentes de prevención. “La comunidad no puede seguir siendo blanco de la guerra entre grupos armados que desconocen la autonomía y el derecho a la vida en los territorios ancestrales”, expresó la organización en su pronunciamiento.
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Durante los últimos dos años, las comunidades del resguardo de Paniquitá han denunciado una escalada de violencia que ha dejado varias víctimas y constantes enfrentamientos. Según sus líderes, el control territorial de las disidencias y del ELN en los corredores que comunican Totoró con Inzá y Silvia ha convertido la región en escenario de una disputa armada que amenaza la seguridad de la población civil.
Willer Gallego Mazabuel era reconocido en Totoró por su liderazgo social y por haber impulsado iniciativas de transporte comunitario y participación ciudadana. En las elecciones municipales anteriores aspiró al Concejo local, sin embargo, tras retirarse de la política activa, continuó ejerciendo su profesión de abogado y ofreciendo acompañamiento jurídico a las comunidades indígenas y campesinas de la región.
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