La reciente megaoperación de seguridad en Buenaventura marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en el Pacífico colombiano, al lograr la captura de cabecillas y la desarticulación de redes logísticas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
Este despliegue, que involucró a 1.176 uniformados del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, y la Policía Nacional, se tradujo en un golpe directo a la operatividad de grupos armados como el Frente Jaime Martínez y el ELN, debilitando su capacidad de acción y reforzando la seguridad en la región.
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La megatoma se diseñó como una intervención integral y coordinada para enfrentar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión, el tráfico de armas, el narcotráfico y la minería ilegal en Buenaventura.
Durante la jornada, las autoridades ejecutaron 35 diligencias de allanamiento y lograron 39 capturas, entre las que destacan las de Elkin Johan Largo Trochez, alias Jaime, y Ferney David Montaño Vallecilla, alias Peluca, presuntos integrantes de grupos armados organizados.
Entre los elementos incautados figuran 18 armas de fuego, 757 cartuchos, 23 proveedores, 7 granadas de fragmentación, 2,9 toneladas de estupefacientes, 26 celulares, 4 motocicletas (2 recuperadas y 2 incautadas), 120 armas blancas, 2 contenedores con mercancía avaluada en $18.500.000 y 1 retroexcavadora utilizada para minería ilegal, cuyo valor asciende a $650.000.000 millones. Esta maquinaria, al ser retirada de circulación, afecta de manera directa la economía ilícita de la zona.
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El componente preventivo también fue relevante, con la verificación de 56.000 antecedentes entre personas, vehículos y motocicletas, lo que contribuyó a fortalecer la seguridad y el control territorial en los sectores más críticos del municipio.
La operación se extendió a diferentes puntos de la ciudad, incluyendo comunas como la seis, ocho, diez, once y doce, así como el centro penitenciario y el centro transitorio de Marte, donde se incautaron parte de los celulares y se mantuvieron actividades de control sobre elementos prohibidos en estos establecimientos.
La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez Castro, comandante del departamento de Policía Valle, subrayó la importancia de estas acciones al afirmar: “Cada estupefaciente que se incauta es una vida de un joven que extraemos de este letal vicio que afecta a nuestros jóvenes específicamente. Y, sobre todo, la captura de aquellos delincuentes de las estructuras al margen de la ley, especialmente el ELN y la Jaime Martínez, que operacionalizan acciones violentas contra la población civil, específicamente en nuestra región del Pacífico”.
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Rodríguez Castro también hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades, señalando que “la misión fundamental que tiene todo ciudadano es denunciar, proporcionar esa información valiosa que le permite a nosotros, las autoridades, poner tras las rejas a los delincuentes”.
Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, destacó el alcance de la intervención y la necesidad de replicar este tipo de operativos en otras zonas del departamento.
En sus palabras, “con esta megatoma, el objetivo es de poder intervenir los sitios o los lugares donde los indicadores delictivos sean mayores. Se hicieron 35 diligencias de allanamiento, 39 capturas, entre ellas la de alias Jaime, que es el explosivista de la Jaime Martínez en el Pacífico colombiano”.
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Toro enfatizó la importancia de la seguridad para los habitantes de Buenaventura y aseguró que “haremos cuantas megatomas necesitemos, porque necesitamos la seguridad de Buenaventura y de los bonaverenses. Esta es una de las primeras, vamos a seguirlo haciendo en otros municipios del departamento del Valle del Cauca, en los cuales también tenemos problemas de inseguridad”.
El despliegue de la megatoma no solo permitió la recuperación de vehículos y la incautación de armas blancas, también incluyó la toma de la cárcel y de sectores como Los Esteros, abarcando prácticamente todo el distrito de Buenaventura.
La articulación interinstitucional garantizó un control permanente sobre los corredores viales y marítimos, lo que facilitó la incautación de armamento y la extracción de recursos de los grupos al margen de la ley.
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