Un fallo judicial sacudió el panorama político colombiano y puso en vilo la consulta Pacto Histórico, prevista para el 26 de octubre.
En menos de 24 horas, la decisión del Tribunal Superior de Bogotá generó incertidumbre sobre la viabilidad del proceso, lo que obligó a una reacción inmediata de los organismos electorales y hasta críticas del propio presidente Gustavo Petro.
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Ese fue apenas el inicio de las maniobras técnicas y políticas de la colectividad del presidente Gustavo Petro para que la consulta lograra mantenerse en pie.
La crisis se desató cuando el fallo de tutela levantó las medidas cautelares que protegían la consulta, afectando directamente los intereses del Pacto Histórico y de sus precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.
La decisión judicial respaldó al Consejo Nacional Electoral (CNE) en su postura de poner condiciones a la fusión de partidos afines al petrismo, lo que generó dudas sobre la personería jurídica de las colectividades involucradas y la legalidad de la consulta.
La noticia provocó una rápida movilización en la Registraduría Nacional, donde el equipo técnico y jurídico evaluó el alcance del fallo y su impacto en el proceso electoral.
En respuesta a la crisis, la Registraduría Nacional, bajo la dirección de Jaime Hernando Suárez, registrador para lo Electoral, inició desde la mañana del miércoles 8 de octubre un análisis jurídico y técnico para determinar si la consulta debía suspenderse.
El presidente Gustavo Petro, por su parte, convocó a los tres precandidatos del progresismo y a legisladores aliados a una reunión en la Casa de Nariño el martes 7 de octubre, antes de su viaje internacional, para definir una estrategia política que defendiera la realización de la consulta.
Según información conocida por El Espectador, la instrucción presidencial fue clara: asegurar la ejecución de los 193.000 millones de pesos destinados a la jornada electoral y mantener la consulta en la agenda, a la espera de una decisión técnica definitiva.
La Registraduría, tras revisar los argumentos legales, concluyó que los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista conservan su personería jurídica y, por tanto, pueden avalar a cualquiera de los tres precandidatos.
“La consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales, dentro del término legal, es decir, el 26 de septiembre, ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos. Por lo tanto, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos”, explicó Suárez a El Espectador.
“La Registraduría dio vía libre a la consulta. Me parece una buena noticia: todo lo que se haga por la democracia, por consultar al pueblo, es lo que realmente se debe hacer. Ahí lo que había era que subsanar realmente las inscripciones y ya todo está listo para la consulta”, declaró Armando Benedetti al mismo medio.
Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral también se convirtió en escenario de intensas discusiones. Aunque la sala plena extraordinaria prevista para el miércoles no se realizó, los magistrados avanzaron en el análisis individual de la situación jurídica del Pacto Histórico y de los partidos que buscan fusionarse.
El CNE aprobó la fusión de Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista, pero excluyó a Colombia Humana por no cumplir con el quórum estatutario necesario.
Progresistas, el partido de la senadora María José Pizarro, tampoco pudo adherirse debido a un proceso sancionatorio pendiente en el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), lo que mantiene en suspenso su integración formal al Pacto Histórico.
El trasfondo de estas decisiones está marcado por la investigación sobre la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, en la que se indaga una presunta violación de topes de financiación. La ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, aún espera votación en la sala plena del CNE, donde también participan Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez, Altus Baquero, Álvaro Echeverry, Cristian Quiroz y Alfonso Campo.
De cara al futuro inmediato, los precandidatos Cepeda, Corcho y Quintero deberán decidir si buscan el aval de una sola colectividad o si optan por el coaval de las tres, una decisión que podría transformar la consulta en una competencia interpartidista y afectar su participación en las elecciones legislativas de marzo.
El Pacto Histórico, por su parte, enfrenta el reto de consolidar su unidad en medio de obstáculos administrativos y estatutarios, mientras el Gobierno y los organismos electorales insisten en garantizar la transparencia y continuidad del proceso.
En este escenario, la izquierda observa con atención los próximos movimientos de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, dos entidades que han sido objeto de críticas del presidente Petro y que ahora concentran sus esfuerzos en asegurar la estabilidad del proceso electoral rumbo a 2026.
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