Reapertura parcial de la vía al Llano ya tendría fecha, según el Gobierno: “Si se mantienen condiciones climáticas”

Las pérdidas económicas derivadas del cierre de la vía al Llano han alcanzado cifras alarmantes, con estimaciones que superan los cincuenta mil millones diarios, según reportes de la Cámara de Comercio de Villavicencio.

En este contexto, el Ministerio de Transporte anunció que, si las condiciones climáticas lo permiten, se habilitará un carril en el corredor vial en un plazo de mes y medio, con el objetivo de restablecer parcialmente la conectividad entre el centro del país y la región de los Llanos antes de diciembre.

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La ministra María Fernanda Rojas detalló que la reapertura de la vía Bogotá–Villavicencio, especialmente en el kilómetro 18, depende de la evolución de las lluvias previstas para octubre.

“Las proyecciones son que habrá lluvias intensas en el país, pero si está en los rangos esperados, esta habilitación se puede tardar mes y medio”, afirmó Rojas en un video publicado en las redes sociales del Ministerio.

Del mismo modo, la jefe de la cartera de Transporte afirmó que se destinarán una serie de recursos para diferentes proyectos viales en las zonas afectadas.

“Priorizamos dieciocho mil millones de pesos para caminos comunitarios en veintiocho proyectos de los municipios de este sector”, dijo la funcionaria.

El impacto del cierre se refleja en la interrupción del transporte de más de 50.000 toneladas diarias de mercancía, con aproximadamente 33.999 toneladas destinadas al Meta y cerca de 17.000 toneladas hacia el centro del país.

Según Henry Palma, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Villavicencio, solo en los sectores de agricultura y ganadería se pierden cerca de $18.000 millones diarios.

Además, el comercio reporta pérdidas de $10.000 millones diarios, el turismo $5.000 millones y la agroindustria $3.000 millones, lo que ha afectado al menos al 75% del transporte público.

La presidenta de Colfecar, Nidia Hernández, advirtió que la reapertura parcial de la vía no eliminará las pérdidas acumuladas. Hernández precisó que el sector transportador ya ha registrado pérdidas superiores a $72.000 millones, cifra que podría ascender a $107.000 millones en diciembre si persisten las restricciones. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, alertó que la situación podría agravarse durante la temporada decembrina, cuando aumenta la movilidad por el corredor.

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, identificó como principales productos afectados el arroz, agregados para construcción, aceite de palma, petróleo, soya y combustibles líquidos.

Además, los departamentos de Meta y Casanare concentran el 16,5% del inventario bovino nacional. Cuervo señaló que, de mantenerse la afectación, los productos más perjudicados en fin de año serían los alimentos, especialmente en las cadenas avícola, cárnica y láctea, así como bienes de consumo como licores, ropa, juguetes y tecnología, cuyo abastecimiento depende del transporte desde el interior del país hacia la Orinoquía.

El corredor vial ha mostrado una alta vulnerabilidad a los derrumbes, con 22 cierres en los últimos cinco años y cuatro bloqueos solo en 2025. El Gobierno ha invertido más de $900.000 millones en obras para mitigar estos eventos, aunque aún no se ha implementado una solución definitiva.

Como medida inmediata, el Invías ejecutará 28 proyectos de caminos comunitarios en los municipios de Chipaque, Une y Cáqueza (Cundinamarca), con una inversión de $18.200 millones. Estas intervenciones buscan garantizar la movilidad local y el acceso a servicios básicos mientras avanzan los trabajos estructurales en la vía principal.

“Vamos a meterle acelerador a estos caminos con participación directa de las comunidades y de los veedores de la Vía al Llano. Ellos son nuestros aliados para garantizar transparencia y que cada peso llegue donde más se necesita”, explicó Rojas.

No obstante, el gobernador Rey advirtió que aún faltan pasos previos esenciales, como la adquisición predial, la culminación de obras de drenaje y la habilitación de un sitio para el depósito del material removido. “Sin estos elementos no podrá iniciarse el trabajo”, puntualizó. Además, la persistencia de lluvias podría retrasar las labores de mitigación.

En el plano institucional, la ministra Rojas respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, que eximió de responsabilidad a la concesionaria Coviandina por la emergencia.

“Juan Martín Caicedo, solo ve con las gafas de los concesionarios. (…) Solo ve el panorama, se pone las gafitas de las concesiones y se le olvida el resto”, expresó Rojas en declaraciones publicadas en La W. También rechazó los comunicados de Proindesa, holding de infraestructura del Grupo Aval y Corficolombiana, que atribuyeron la emergencia al manejo de aguas por parte de la comunidad.

“No comparto los comunicados del concesionario que pone como antagonista a la gente de la vía”, afirmó la ministra, recordando que la comunidad también sufre las consecuencias de la situación.

En paralelo, la concesionaria Coviandina envió una carta a la Superintendencia de Transporte advirtiendo que la suspensión del pesaje obligatorio de camiones, acordada entre la ANI e Invías desde el 30 de septiembre, pone en riesgo la estabilidad de varios puentes críticos y la seguridad de los conductores. Según Coviandina, “sin control de peso, los puentes pueden deteriorarse o incluso colapsar”, calificando la medida de “ilegal y técnicamente peligrosa”.

El Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías mantienen como meta la reapertura de al menos un carril en la vía Bogotá–Villavicencio en un plazo máximo de mes y medio, siempre que las condiciones de seguridad y climáticas lo permitan.