El Pacto Histórico explora contrarreloj distintas alternativas jurídicas y políticas para mantener la consulta interna prevista para el 26 de octubre, tras el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que rechazó la tutela interpuesta por Carolina Corcho y Gustavo Bolívar contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La decisión judicial dejó sin efecto la posibilidad de que dirigentes de Colombia Humana participen oficialmente en el proceso, lo que ha obligado al movimiento a buscar salidas de emergencia.
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Entre las opciones que se encuentran sobre la mesa figuran la impugnación del fallo, la presentación de una acción de nulidad y la solicitud de un nuevo pronunciamiento de la Registraduría Nacional, que le devuelva al proceso su respaldo institucional, de acuerdo con el medio Semana.
El representante Gabriel Becerra, encargado del comité político del Pacto Histórico y coordinador del proceso interno como partido único, confirmó que este miércoles sostendrá reuniones tanto con la Registraduría como con el CNE para explorar las alternativas legales disponibles.
“El comité político reafirma su decisión de realizar la consulta el próximo 26 de octubre. Es una decisión compartida con las tres precandidaturas. Con esta orientación, la ruta del Pacto se mantiene”, aseguró Becerra, quien insistió en que el movimiento no renunciará a su propósito de elegir un candidato único por medio de las urnas internas.
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Una de las opciones más inmediatas sería impugnar el fallo del Tribunal Superior, aunque el margen de maniobra es limitado: restan apenas dos semanas para presentar el recurso.
En paralelo, el exalcalde Daniel Quintero anunció que interpondrá una acción de nulidad contra la decisión judicial que dejó sin piso la convocatoria.
“Esta consulta tiene más vidas que un gato”, declaró el exmandatario, quien sostiene que el proceso cuenta con el respaldo político y jurídico necesario para seguir adelante.
Otra alternativa analizada por el movimiento consiste en retomar el diálogo con la Registraduría Nacional, con el fin de confirmar si la entidad mantiene en firme la circular expedida semanas atrás, en la que se afirmaba que todo estaba listo para la consulta.
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Ese documento fue emitido antes de conocerse el fallo del Tribunal, por lo que su validez actual es incierta. Si la Registraduría ratifica su aval, el Pacto podría intentar organizar el proceso mediante una figura de “autogestión”, aunque sin reconocimiento formal del CNE, lo que abriría nuevos debates sobre su legitimidad.
Un compromiso ratificado en la Casa de Nariño
Pese al revés judicial, los tres precandidatos —Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero— confirmaron que seguirán adelante con la consulta interna.
En una extensa reunión realizada en la Casa de Nariño, en la que participaron el presidente Gustavo Petro, la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, los aspirantes firmaron un documento que oficializa su compromiso con el proceso.
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“El acuerdo garantiza la realización de una consulta partidista el próximo 26 de octubre, en la que se elegirá al candidato del Pacto Histórico que, posteriormente, participará en la consulta del Frente Amplio programada para el 8 de marzo de 2026”, explicó Quintero al término del encuentro.
El exalcalde de Medellín detalló que el proceso cuenta con “plan A, B, C, D, E y F” para asegurar su realización. “Se necesitaba algo muy importante, y era que los tres candidatos firmáramos un acuerdo en el sentido de que habrá consulta partidista el próximo 26 de octubre y que esa consulta va a elegir un candidato que, a su vez, irá a la consulta del 8 de marzo”, precisó.
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Quintero añadió que el equipo jurídico del movimiento trabaja en una fórmula para garantizar la seguridad legal y técnica del proceso. “Ya tenemos una solución que permitiría asegurar todo desde el punto de vista jurídico, técnico y legal. Queremos blindar la consulta frente a cualquier impugnación”, afirmó.
Por ahora, la estrategia del Pacto se concentra en preservar la unidad del movimiento y ganar tiempo para resolver los vacíos legales. En las próximas horas, el pronunciamiento de la Registraduría será clave para definir si la consulta puede mantenerse o si deberá posponerse hasta que se superen los obstáculos judiciales.
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