La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó el miércoles 8 de octubre a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta presidencial interna del 13 de marzo de 2022.
El alto tribunal centró su petición en los vuelos contratados con la empresa Sadi SAS de Ibagué, señalados como uno de los puntos a esclarecer dentro del proceso.
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El requerimiento se da un día después de que la Corte ordenara remitir copias a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la misma Comisión de Acusación, con el propósito de determinar la existencia de posibles inconsistencias en los reportes de gastos presentados durante las campañas electorales de 2022.
Esta nueva comunicación amplía el alcance de las pesquisas sobre el manejo financiero de la campaña presidencial de Petro.
Involucrados en la investigación
El alto tribunal indicó que las investigaciones también abarcan a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y a Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, que coordinó la campaña legislativa del Pacto Histórico. Ambos funcionarios habrían tenido participación directa en las decisiones relacionadas con los recursos económicos y la logística electoral.
De acuerdo con la información conocida, la Corte busca establecer si se presentaron violaciones a los topes de gasto y errores en la contabilidad electoral, especialmente en los contratos relacionados con el transporte aéreo de los candidatos y equipos de campaña.
Los documentos serán revisados por la Comisión de Acusación, órgano competente para adelantar investigaciones contra el presidente de la República.
La presunta manipulación de información
La Sala de Instrucción de la Corte halló evidencias de que el entonces precandidato presidencial Gustavo Petro realizó distintos vuelos que no fueron contabilizados como gastos de su campaña para la Presidencia. Estos desplazamientos habrían sido incluidos dentro de los gastos de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República, con el fin de evitar una posible superación de los topes de financiación.
Los documentos analizados por la Corte indican que se llevaron a cabo 27 desplazamientos equivalentes a 72 horas de vuelo, mediante un contrato firmado con la Sociedad Aérea de Ibagué, cuyo objeto era trasladar a aspirantes al Congreso y no al hoy mandatario.
Sin embargo, según información revelada por la revista Cambio, en algunos de esos vuelos no habrían viajado los candidatos al Senado. Las planillas iniciales registraban los gastos como propios de la campaña presidencial —gerenciada por Roa—, pero posteriormente fueron reportados como correspondientes a la campaña legislativa —a cargo de Jaramillo—. En total, se habrían identificado posibles manipulaciones en la información de 24 vuelos.
En ese sentido, la Corte indicó que, presuntamente, en la totalidad de los servicios aéreos habría viajado Gustavo Petro, acompañado de su esquema de seguridad y de algunos familiares, pero los costos de esos desplazamientos no se habrían cargado a su campaña presidencial. Además, las facturas de los traslados también habrían sido alteradas, lo que implicaría un presunto fraude por $1.215 millones, declarados por Guillermo Alfonso Jaramillo para reposición de gastos de campaña.
Según el informe, esos recursos se habrían dividido entre 20 candidatos al Senado del Pacto Histórico, adjudicando a cada uno un gasto de $60 millones en vuelos. “En esta actuación, las pruebas revelan que, con la presentación del informe que contiene información falsa, se habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral para proferir los actos administrativos que reconocen el derecho a la reposición de gastos de campaña, en relación con los votos obtenidos por la lista cerrada al Senado de la República”, detalló la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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