Miembros del Pacto Histórico se refirieron a la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió la tutela que obligaba a la Registraduría a permitir la inscripción para la consulta interna, al indicar que carece de sustento legal.
Sobre la consulta legislativa, existe consenso en que no habría cambios porque se organizó como interpartidista y cada partido inscribió sus candidatos en forma individual, sin emplear la personería jurídica del Pacto Histórico como partido único. Sin embargo, se detalla una duda sobre la inclusión de Progresistas, partido sin personería jurídica.
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Respecto a la figura de coalición, la discusión gira en torno a si las colectividades participantes superan el umbral necesario; el argumento es que actualmente no alcanzan el 15% de votos de la última elección, lo que les permite presentarse como coalición temporalmente.
En cuanto a la consulta presidencial, surgen interpretaciones divididas: algunos sostienen que debe cancelarse por la ausencia de la colectividad avaladora, posición compartida por el presidente Gustavo Petro, mientras otros sostienen que podría hacerse bajo una consulta interpartidista con los partidos originales, aunque ya no como una interna del partido.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aclaró que la decisión del tribunal no implica la suspensión automática de los comicios internos: “En la Comisión de Seguimiento Electoral es que la consultaba. En la comisión nadie ha hablado de suspender la consulta... los tiempos van”. Además, destacó la posibilidad de que el Pacto Histórico continúe como coalición electoral y defina bajo esa figura sus listas al Congreso.
El registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó por su parte que la organización de la consulta sigue su curso y que la Registraduría no ha recibido ninguna notificación que frene la preparación del proceso del 26 de octubre, pese a reconocer ciertos desafíos logísticos.
Reacciones de miembros del Pacto Histórico
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico del Valle del Cauca, calificó el fallo como una maniobra en contra de la coalición y anticipó la presentación de una apelación. Ocampo transmitió su malestar al afirmar: “Una nueva jugada contra el Pacto Histórico. Ahora el tribunal nos tumba las medidas que nos dice que no hay derecho a hacer Pacto Histórico”, y precisó que la prioridad es presentar la apelación antes del viernes, ya que “ese fallo no quedará en firme hasta que se resuelva la apelación”.
Asimismo, denunció una serie de obstáculos institucionales: “El establecimiento nos quiere acabar… el problema es que ellos no quieren reconocer que nos está yendo bien, que vamos a ganar las elecciones”. Concluyó animando a la militancia a seguir la campaña y participar el 26 de octubre, a pesar del bloqueo.
Iván Cepeda, uno de los precandidatos de la consulta, interpretó la medida como parte de un intento sistemático por parte de sectores opositores de frenar la movilización del Pacto, al declarar: “La derecha quiere evitar, a toda costa, la unidad del Pacto Histórico y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a Presidencia y Congreso de la República”.
Cepeda enfatizó que los intentos por dividir serán infructuosos y sostuvo que la fuerza política no será debilitada por la confusión que intentan sembrar sus detractores.
La senadora María José Pizarro consideró que el fallo representa otra barrera para la unidad de las fuerzas progresistas e izquierdistas. “Estamos asistiendo a un nuevo intento para bloquear la unidad del pacto histórico de las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país... vamos a encontrar las rutas jurídicas para desbloquear la participación”, anotó. E insistió en que estos bloqueos institucionales constituyen un atentado a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, especialmente el de elegir y ser elegido.
Por su parte, Daniel Quintero, aspirante presidencial, expuso su determinación de impugnar el impedimento judicial y continuar adelante con el proceso de consulta: “Otra vez están tratando de tumbar la consulta popular del Pacto Histórico (...) no vamos a dar ni un paso atrás ni a ceder al interés de la derecha. Hoy mismo voy a interponer una acción de nulidad para salvar la consulta y defender el derecho de los colombianos a elegir y ser elegidos”.
Quintero sostuvo que la coalición enfrenta una estrategia de sabotaje impulsada por sus principales adversarios políticos, cuya intención —según él— es impedir una eventual victoria electoral del Pacto Histórico.
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