La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, denunció públicamente que la Fiduprevisora S.A., encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), no responde a un derecho de petición radicado el 1 de septiembre de 2025.
Ante esta omisión, la congresista presentó una acción de tutela, alegando la vulneración del derecho fundamental de petición, y solicitando respuesta inmediata sobre el manejo de sanciones a los malos operadores del sistema de salud del magisterio.
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El nuevo modelo de salud para el magisterio, implementado en 2024, es señalado por distintos actores del gremio por deficiencias en la atención, fallas operativas y dificultades tecnológicas; a pesar de las inversiones anunciadas por el Gobierno, el sistema sigue en estado crítico.
Pedraza acude a la tutela tras el silencio de la Fiduprevisora
La Fiduprevisora, que ahora tiene control directo sobre la red de prestadores, no es clara respecto al funcionamiento de los mecanismos de sanción a los operadores que incumplen sus obligaciones.
Frente a esta situación, Pedraza escribió en su cuenta de X que: “Nos tocó interponer una tutela para que la @Fiduprevisora, que maneja la salud de los maestros, nos responda un simple derecho de petición sobre el proceso de sanción a los malos operadores y gestores del #FOMAG”.
“Ante la crisis, ¿de qué sirve un nuevo modelo sin sanciones a los malos actores ni se le dice la verdad a la gente? La opacidad también enferma (sic)”, escribió la congresista.
La acción judicial fue presentada por la congresista como última alternativa, luego de no recibir respuesta alguna en el plazo legal establecido. En la tutela, Pedraza señaló que las autoridades administrativas tienen la obligación de entregar informes y documentos a los congresistas en un plazo no mayor a diez días calendario, de acuerdo con el artículo 255 de la Ley 5 de 1992.
Las preguntas que la Fiduprevisora no responde, de acuerdo con Pedraza
La petición original enviada a la Fiduprevisora solicitaba información detallada sobre los procedimientos sancionatorios implementados con el nuevo modelo. En su escrito, Pedraza pidió respuestas puntuales como:
- ¿Se están aplicando sanciones de forma directa por parte de la fiduciaria o se requiere trámite judicial como en años anteriores?
- ¿Existen pólizas de cumplimiento en los contratos actuales que permitan sancionar sin acudir a procesos judiciales?
- ¿Qué mecanismos existen para evitar que aseguradores bloqueen las sanciones?
- ¿Cuántas sanciones se han impuesto entre 2021 y 2025, y a qué operadores?
- ¿Cuál es la estructura funcional del Comité de Seguimiento de Sanciones?
- ¿Cómo se garantiza que la fiduciaria no incurra en conflictos de interés al ser juez y parte en estos procesos?
La representante también pidió copia de circulares, actos administrativos, decisiones y reportes de gestión sobre sanciones, además de informes comparativos que permitan evaluar la evolución del sistema en cuanto al cumplimiento por parte de los operadores.
En el documento presentado al juez, Pedraza expresó: “Solicité información y documentos sobre el nuevo régimen sancionatorio para operadores de salud implementado durante la transición hacia el nuevo modelo de salud, así como los canales de recepción de reportes y la estructura orgánica del área funcional encargada”.
La tutela expone además preocupaciones de fondo relacionadas con el impacto que la falta de sanciones puede tener sobre los usuarios del sistema. Pedraza cuestionó que no exista información pública sobre los operadores sancionados y alertó sobre posibles incentivos perversos si no se imponen consecuencias por el incumplimiento.
Pedraza también advirtió que las falencias del sistema afectan directamente a los maestros y sus familias, quienes siguen enfrentando dificultades para acceder a atención médica oportuna.
En su escrito, la congresista fue enfática: “¿De qué sirve eliminar la intermediación, si no hay transparencia ni consecuencias para quienes incumplen? Los recursos públicos y el bienestar del magisterio están en juego. Es deber de la Fiduprevisora entregar respuestas claras y permitir el control político y ciudadano sobre su gestión”.
El requerimiento también incluye la exigencia de información organizada en tablas comparativas, donde se clasifiquen las quejas y sanciones por año, asegurador y región. De esta manera, se busca establecer patrones de comportamiento, identificar zonas críticas y tomar decisiones informadas.
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