El cuidado del agua y la protección de los ecosistemas que la producen volvieron a ocupar un lugar central en la agenda ambiental de Bogotá. La ciudad firmó un nuevo convenio con Conservation International Colombia, una alianza que permitirá salvaguardar al menos 3.500 hectáreas de páramos, bosques y fuentes hídricas que abastecen de agua a millones de personas. Más que un acuerdo técnico, se trata de un compromiso renovado con las comunidades rurales que custodian esos territorios, esenciales para la sostenibilidad futura de la capital.
El plan se enfocará en fortalecer el programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSA), un mecanismo que recompensa económicamente a campesinos y habitantes rurales por conservar las zonas donde nacen los ríos que alimentan a Bogotá. La meta es consolidar una red de protección ambiental que se extienda desde las montañas hasta los hogares urbanos.
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“Con este convenio renovaremos y fortaleceremos el programa en mínimo 3.500 hectáreas estratégicas. Este mecanismo reconoce el esfuerzo de las comunidades rurales que cuidan páramos, bosques y fuentes de agua, y les brinda un incentivo por su papel como guardianes de la biodiversidad”, explicó Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá.
El alcance del acuerdo va más allá del apoyo económico. También incluye la participación directa de las comunidades en el monitoreo y la gestión de los ecosistemas, garantizando que la conservación sea una tarea compartida. Las acciones se concentrarán en zonas de alta relevancia ecológica, como el Parque Nacional Natural Chingaza y los sectores rurales de Sumapaz, Usme y Ciudad Bolívar. Estas áreas son fundamentales para el suministro hídrico que sostiene a la capital, por lo que el convenio será clave durante el periodo 2025–2027.
Carlos Costa, director ejecutivo de Conservation International Colombia, destacó la importancia de la alianza y su impacto en el largo plazo. “Este convenio consolida una estrategia efectiva de conservación hídrica, articulando capacidades institucionales y comunitarias en territorios clave.” La iniciativa, añadió, representa un modelo de trabajo conjunto entre entidades públicas y organizaciones ambientales, en el que el conocimiento local y la ciencia se complementan para proteger los recursos naturales.
El programa de Pago por Servicios Ambientales no es nuevo, pero demostró ser una herramienta eficiente. Se basa en un principio simple, quienes habitan los territorios que protegen el agua deben recibir una compensación por el servicio que prestan a toda la sociedad. Los incentivos pueden ser económicos o en especie y están dirigidos a propietarios, poseedores o cuidadores de predios ubicados en zonas de importancia hídrica. A cambio, las familias se comprometen a no talar, no quemar y no expandir la frontera agrícola, conservando los ecosistemas que sostienen el ciclo del agua.
Los resultados ya son visibles. Según la Secretaría de Ambiente, en lo corrido de este año se sumaron 1.562 hectáreas al esquema de conservación en el predio Lote Palacio, dentro del Parque Nacional Natural Chingaza. Esta área es una de las principales fuentes de agua para Bogotá y su protección garantiza la regulación hídrica en temporadas secas. Además, el Distrito trabaja en la creación de nuevas alianzas con propietarios rurales para ampliar las zonas bajo cuidado ambiental.
El convenio con Conservation International refuerza esa ruta de trabajo. Su aplicación no solo asegura la conservación de los ecosistemas, también mejora la calidad de vida de las comunidades que dependen de ellos. El impacto de estos proyectos se mide tanto en hectáreas protegidas como en bienestar social, ingresos dignos, formación ambiental y empoderamiento comunitario. En un contexto marcado por los efectos del cambio climático, la gestión de los recursos hídricos se vuelve una tarea urgente. Por eso, cada hectárea conservada representa una inversión en el futuro.
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