Un grupo de soldados originarios de Colombia denunció haberse visto impedido para salir de Ucrania tras solicitar su baja como contratistas extranjeros en el ejército de ese país.
Según los testimonios recogidos por Semana, estos hombres afirmaron haber sido sometidos a múltiples situaciones de maltrato, engaño y retención contra su voluntad, en medio de un contexto de conflicto que ya llevó a más de un millar de colombianos a enlistarse bajo contrato militar extranjero. “Nos tendieron una trampa”, declaró uno de los afectados.
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La información publicada por el citado medio de comunicación, cerca de cuarenta soldados colombianos permanecieron bajo custodia tras pedir la suspensión de sus contratos.
Uno de ellos, Enerlín Esteban Osten Cuadrado, detalló que, luego de solicitar su salida hace mes y medio, le fue devuelto el pasaporte y recibió confirmación escrita de la aceptación de su retiro. A pesar de esto, no logró abandonar territorio ucraniano.
“Nos sacaron donde estábamos detenidos, de una cárcel militar donde estuvimos dos días. Nos dijeron que nos iban a llevar a Polonia y que ya regresaríamos a casa, pero en realidad nos engañaron y nos trasladaron en un bus sin decirnos hacia dónde íbamos”, relató Osten Cuadrado a Semana.
Los soldados narraron que mientras el bus avanzaba hacia la frontera, las fuerzas ucranianas los detuvieron y desde ese momento desconocen su destino final. Afirman que la incertidumbre y la desinformación marcan su situación actual, mientras sus solicitudes de retorno permanecen sin respuesta formal de las autoridades locales.
Entre las principales acusaciones, los jóvenes mencionaron la existencia de incumplimientos contractuales. Enerlín Osten Cuadrado sostuvo, en declaraciones recogidas por Semana, que fueron obligados a firmar documentos en una lengua que no dominaban y que existe una falta de pago de los salarios prometidos.
“Nos tienen prácticamente secuestrados, ellos están armados, nos han tomado fotos para policías y no nos quieren dejar ir”, afirmó Osten, asegurando que fue golpeado días antes sin explicación alguna.
Según el testimonio presencial recogido por el mismo medio, las agresiones físicas y psicológicas no fueron hechos aislados.
Los colombianos señalaron que muchos vivieron “la peor humillación por parte de las personas a las que vinimos a ayudar”, y expresaron su temor al considerar que los extranjeros serían más valiosos muertos que vivos para ciertos sectores del ejército ucraniano. “A ellos les gusta someter a la gente, porque les sirve más un soldado muerto que uno vivo que hable”, expresó Osten Cuadrado.
Dentro de su denuncia, Enerlín Osten Cuadrado y sus compañeros atribuyen las retenciones y maltratos a intereses económicos. Sostuvieron que permitir la salida de algunos soldados extranjeros en situación similar responde a un “negocio” interno, donde solo una parte de quienes piden la baja recibe autorización para irse, mientras el resto permanece aislado y sin salarios.
“Esto es una corrupción horrible, tenaz. Prácticamente quieren que maten a los soldados para ellos quedarse con los seguros”, remarcó ante Semana.
El grupo de colombianos solicitó la intervención directa del gobierno de Colombia, a través de la Presidencia de la República y la Cancillería. En el mismo llamado, responsabilizaron al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, por cualquier situación adversa que puedan enfrentar en adelante.
De acuerdo con datos difundidos por Semana, la llegada de colombianos a Ucrania se incrementó desde el inicio de la invasión rusa. El medio estima que más de 300 ciudadanos colombianos han fallecido en el conflicto y se reportan múltiples casos de desaparecidos, sin información oficial consolidada por parte de las autoridades extranjeras.
Mientras tanto, el gobierno colombiano mantiene su postura oficial de desaprobación sobre la contratación de nacionales en conflictos internacionales. Ha calificado como ilegal la participación de sus ciudadanos en actividades de mercenarismo y gestiona propuestas legislativas para restringir este tipo de alistamiento. En pronunciamientos previos, el Ejecutivo describió el fenómeno como “un robo” que daña los intereses de la nación y afecta a las familias de los involucrados.
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