Exguerrilleros del Bloque Caribe de las Farc reconocieron crímenes de guerra ante la JEP: Hablaron del “burro bomba”

El reconocimiento público de crímenes de guerra por parte de exintegrantes del Bloque Caribe de las antiguas Farc ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha puesto en primer plano la magnitud de la violencia que azotó la región Caribe colombiana entre 1996 y 2003. Durante una reciente audiencia, los exguerrilleros detallaron su participación en ataques emblemáticos, como el denominado burro bomba en Sucre, atentados en Cartagena y Barranquilla, y otras acciones que marcaron a la población civil y a las fuerzas de seguridad.

La audiencia, que se extendió durante siete días, reunió a ocho exmiembros del Estado Mayor del Bloque Caribe y a 13 firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Presidida por la magistrada Marcela Giraldo Muñoz, la diligencia se desarrolló en el marco del caso 10 de la justicia transicional, el cual investiga 48 hechos violentos cometidos por este grupo armado en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre. En el proceso participaron 78 víctimas acreditadas, quienes sufrieron directamente las consecuencias de estos crímenes, considerados no amnistiables y sujetos a investigación y sanción por la JEP.

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Uno de los episodios más recordados es el ataque conocido como el burro bomba en Chalán, Sucre, perpetrado el 12 de marzo de 1996 por el frente 35 de las Farc. En esa ocasión, los guerrilleros camuflaron 50 kilos de explosivos en una carga de plátanos sobre un burro, que fue ubicado cerca de la estación de Policía. La detonación, activada por control remoto, causó la muerte de 11 policías, un guerrillero y el animal.

Tras la explosión, los atacantes abrieron fuego contra los uniformados, que ya se habían rendido por falta de munición. Dos de los cuerpos de los policías fueron incinerados en la estación. La JEP calificó este hecho como un delito de perfidia y crimen de guerra, al haberse engañado al enemigo para obtener ventaja en el conflicto. Durante la audiencia, Osmany Landero reconoció: “Es un acto que nosotros reconocemos. Con esto se le hizo mucho daño a la población civil. Sentimos esto con el pueblo y estamos reconociendo este dolor”.

Otro hecho relevante ocurrió la noche del 22 de octubre de 1997 en Los Palmitos, Sucre, cuando miembros del mismo frente instalaron explosivos cerca de la Registraduría, la Notaría y la sede política de una candidata a la alcaldía. Aunque no hubo víctimas mortales, las detonaciones causaron graves daños materiales y buscaban generar pánico y boicotear las elecciones regionales. Los guerrilleros permanecieron en el pueblo durante la noche, dispararon al aire, lanzaron arengas y pintaron amenazas en las fachadas de viviendas y la parroquia, advirtiendo a la población que no acudiera a las urnas.

La toma guerrillera de Córdoba, Sucre, entre el 3 y el 4 de agosto de 1998, representó otro episodio de extrema violencia. Alrededor de 200 hombres armados irrumpieron en el municipio, asesinaron a cinco civiles, hirieron gravemente a cinco policías, secuestraron a tres personas y desaparecieron a otras tres. Además, atacaron la estación de Policía, la alcaldía y otras edificaciones con explosivos, e instalaron retenes en las vías cercanas, donde detuvieron a periodistas y funcionarios públicos. Este ataque rompió la relativa tranquilidad que había caracterizado a Córdoba y motivó una marcha por la paz en Cartagena para exigir la liberación de los secuestrados.

La violencia también alcanzó a las principales ciudades de la región. En Cartagena, el 19 de abril de 2002, una bomba explotó en el Edificio Inteligente Chambacú, sede de Electrocosta, causando la muerte de un vigilante y una empleada. Posteriormente, otro artefacto explotó en el barrio Manga, donde tres policías intentaban desactivarlo; uno de ellos falleció y dos resultaron heridos.

Ambas sedes quedaron destruidas. En Barranquilla, el 16 de diciembre de 2003, tres explosiones en almacenes Olímpica y Viveros, llenos de compradores navideños, provocaron la muerte de una joven de 18 años y dejaron 65 heridos. Jairo Barraza, una de las víctimas, relató a la prensa de la época: “Fue un golpe seco, solo veía una humareda. No sabía qué hacer, era como si todo se acabara, de pronto me vi en el suelo, me dolía todo el cuerpo y tenía sangre”.

Durante la audiencia, los exguerrilleros expresaron autocrítica y reconocieron el daño causado. Luis Alejandro Cuadras reflexionó: “Nosotros defendíamos al pueblo y luchábamos por un pueblo, pero aquí hay una contradicción, porque también se generaron afectaciones al mismo pueblo”. Abelardo Caicedo añadió: “Algo que nosotros no medíamos es el nivel de afectación que podía tener la población que no está acostumbrada a escuchar bombas, balas, gritos”.

Las víctimas, acreditadas en el proceso, han tenido un papel activo en las audiencias, con la posibilidad de formular observaciones a los comparecientes. Su participación resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y la definición de los máximos responsables por parte de la Sala de Reconocimiento de la JEP.

El proceso de justicia transicional continuará con una nueva diligencia programada del 2 al 4 de diciembre en Sincelejo, Sucre, donde los exintegrantes del Bloque Caribe seguirán rindiendo cuentas sobre los crímenes cometidos. Posteriormente, las víctimas podrán presentar sus observaciones, lo que permitirá a la JEP avanzar en la identificación y sanción de los responsables.

El sufrimiento causado por estos hechos ha dejado una huella profunda e irreversible en la región Caribe, según reconocieron los propios exguerrilleros.