La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria en el Ministerio de Minas y Energía, tras recibir información que apuntaría a que algunos funcionarios de la Dirección de Hidrocarburos habrían promovido actividades políticas en favor de campañas presidenciales, entre ellas la del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero.
El proceso fue formalizado por el procurador delegado disciplinario de Instrucción segundo para la Vigilancia Administrativa, José Rodrigo Vargas, quien suscribió un documento de cinco páginas donde se explica que la medida busca identificar a los funcionarios presuntamente implicados.
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Según lo establecido, la pesquisa se centra en servidores vinculados a la Dirección de Hidrocarburos, dependencia adscrita al ministerio encabezado por Edwin Palma.
La decisión del ente de control se originó luego de que el partido Cambio Radical divulgara una denuncia en la red social X. Allí se menciona a Julián Flórez, señalado como director de Hidrocarburos, a quien se le atribuye promover, mediante mensajería instantánea, las aspiraciones políticas de Daniel Quintero y de Gustavo García.
El partido político expuso que, “el Sr. Julián Flórez, despedido de Ecopetrol S.A. por filtrar info y señalado de acoso en 2024, hoy es director de Hidrocarburos. Importó contra la ley. Y ahora, siendo funcionario público, le hace campaña a Quintero Calle y Gustavo García en WhatsApp, ¿impunidad?”, según publicó Semana.
Ante lo planteado, la Procuraduría consideró que el despacho es competente para conocer el caso y avanzar en la determinación de si hubo conductas que constituyan faltas disciplinarias. De acuerdo con la información recopilada hasta el momento, la entidad estableció que existen elementos que justifican la apertura de una indagación previa con el fin de esclarecer los hechos.
El organismo precisó que “la presente indagación previa se adelantará con el fin de identificar o individualizar al autor o autores de presuntas faltas disciplinarias referidas a posibles actos constitutivos de acoso y presunta participación o intervención en política, o en controversias políticas por parte de servidores públicos vinculados a la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía“, como lo citó Semana.
Dentro de las primeras acciones adoptadas, el procurador Vargas ordenó la práctica de pruebas con el propósito de establecer si existió algún nivel de participación indebida en política por parte de los funcionarios mencionados. Estas diligencias incluirán la recolección de documentación y testimonios que permitan avanzar en el esclarecimiento de las acusaciones.
La Procuraduría dispuso además que el Ministerio de Minas debe entregar, en un plazo de diez días, información detallada sobre la nómina de servidores adscritos a la Dirección de Hidrocarburos. Adicionalmente, la cartera deberá remitir el registro de quejas relacionadas con acoso laboral recibidas entre los años 2024 y 2025. También se solicitó un certificado que precise la estructura jerárquica existente dentro de la dependencia investigada.
El caso involucra a un ministerio que ha estado bajo la atención pública por diversos asuntos relacionados con la política energética del país. Ahora, el foco se traslada hacia el plano disciplinario con la apertura de este expediente, que busca determinar si hubo transgresiones al régimen de inhabilidades de los funcionarios del Estado respecto a su participación en actividades proselitistas.
Aunque la indagación no implica una sanción inmediata, representa un paso inicial para esclarecer si los hechos denunciados por Cambio Radical tienen fundamento. La recopilación de pruebas y la verificación de la información serán determinantes para que el Ministerio Público pueda establecer responsabilidades individuales.
En este contexto, la investigación también pretende verificar si hubo comportamientos constitutivos de acoso laboral, como lo sugiere la denuncia del partido político, además de la presunta intervención en política. De hallarse méritos suficientes, la Procuraduría podría abrir un proceso disciplinario formal contra los funcionarios que resulten comprometidos.
Mientras tanto, el Ministerio de Minas y Energía debe preparar la documentación solicitada y responder dentro del término establecido. Dichos insumos serán claves para el análisis que adelanta la entidad de control, en busca de establecer si se vulneraron disposiciones que regulan la conducta de los servidores públicos.
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