En una diligencia que concentró la atención de la Corte Suprema de Justicia, el exmagistrado y expresidente del alto tribunal, Camilo Tarquino, se presentó públicamente para sustentar el recurso de casación con el que busca revocar la condena de seis años de prisión que le fue impuesta por su presunta participación en la red de corrupción conocida como el “Cartel de la Toga”.
El caso contra Tarquino se originó en los señalamientos de que habría intervenido para solicitar millonarias sumas de dinero a cambio de favorecer procesos judiciales, particularmente relacionados con el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. El Tribunal Superior de Bogotá ya había confirmado en segunda instancia la condena en su contra por el delito de concusión como interviniente.
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Tarquino insiste en su inocencia
Durante su intervención en la audiencia, el exmagistrado recordó su paso de dos décadas por la Corte Suprema, primero como magistrado auxiliar y luego como magistrado titular, y manifestó que se encontraba en la sala ahora como procesado.
En su declaración, sostuvo: “Porque es doloroso, penoso, asistir en calidad de procesado en esta corte donde permanecí 20 años, como magistrado auxiliar y como magistrado titular. Pero tengan la seguridad que nunca le falté a esta corte, que nunca la deshonré, ni como magistrado, ni como abogado en ejercicio durante el corto laxo en que ejercí la profesión solo en materia laboral. Creo en Dios, creo en la justicia, y quiero decirles que yo soy inocente. Muchas gracias”.
La defensa de Tarquino ha sostenido que las pruebas presentadas en su contra no demuestran de manera directa su participación en la organización criminal y que existen inconsistencias en los testimonios usados por los jueces de segunda instancia para confirmarle la condena.
Fiscalía, Procuraduría y víctimas piden ratificar la condena
En contraste, la Fiscalía General, la Procuraduría y los representantes de las víctimas solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mantener la condena vigente. De acuerdo con la posición del ente acusador, “no es cierto que el tribunal utilizó el testimonio de Gustavo Moreno para señalar directamente el rol del procesado en la organización criminal, sino que lo usó para corroborar la cercanía y paisanaje entre el acusado y Leonidas Bustos, la existencia y modo superande del denominado ‘Cartel de la Toga’ y la malcreencia del doctor Tarquino contra León Buscus por no haber facilitado el dinero exigido”.
El fiscal delegado ante la Corte concluyó su intervención solicitando que se rechace la pretensión de la defensa: “Por las razones expuestas, la fiscalía solicita respetuosamente a esta alta corporación desestimar la demanda de casación interpuesta por la defensa y mantener la sentencia condenatoria de segunda instancia”.
La Procuraduría, por su parte, resaltó la gravedad de los hechos atribuidos a Tarquino, indicando que en varias reuniones con Alejandro Lyons se le habrían solicitado cuantiosas sumas de dinero. “El procesado en nombre de un tercero solicitara los 20.000 millones de pesos a Lyons para archivar o arreglar su situación judicial. Ello constituye el núcleo típico de la concusión por el que fue condenado Tarquino Gallego”, señaló el delegado del Ministerio Público.
Una red de corrupción desde el corazón de la justicia
El proceso contra Tarquino está enmarcado en el escándalo del “Cartel de la Toga”, una estructura de corrupción que operó en la Corte Suprema de Justicia y que involucró a magistrados, abogados y funcionarios en el cobro de millonarios sobornos a políticos y empresarios para manipular decisiones judiciales.
El cartel estuvo liderado, según las investigaciones, por los exmagistrados Francisco Javier Ricaurte Gómez y José Leonidas Bustos Martínez, e integrado por otros funcionarios como Gustavo Malo Fernández, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla.
Hasta la fecha, once personas han sido condenadas por su participación en la red, incluidos Ricaurte y Malo, que cumplen penas de prisión. Moreno, en su papel de testigo clave, detalló cómo se pactaban las sumas de dinero y de qué manera se beneficiaban políticos como Musa Besaile, Álvaro Ashton, Juan Carlos Abadía Campo y Alejandro Lyons.
Sin embargo, uno de los señalados como principales artífices del esquema, José Leonidas Bustos, no ha comparecido ante la justicia colombiana. Abandonó el país en 2017 y desde entonces permanece en Canadá, alegando motivos de seguridad personal.
El cartel operaba dilatando procesos, alterando evidencias y filtrando información privilegiada, además de usar medios de comunicación para deslegitimar testigos, con el fin de conseguir decisiones judiciales favorables para sus clientes.
Camilo Tarquino, al igual que otros exmagistrados procesados, se encuentra a la espera de la decisión definitiva de la Sala Penal de la Corte Suprema, que deberá resolver si mantiene o revoca la condena de seis años de prisión. El caso sigue siendo uno de los más relevantes en la historia judicial reciente de Colombia, al exponer la vulnerabilidad de las instituciones frente a redes de corrupción interna.
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