Las tensiones en torno al gobierno de Gustavo Petro escalaron más allá de lo político. La cancelación y renuncia masiva de visas a funcionarios colombianos no solo generó roces diplomáticos con Washington, también abrió interrogantes sobre los posibles efectos en la economía del país.
El episodio tuvo su origen en un escenario internacional. En Nueva York, a las afueras del edificio de las Naciones Unidas, el presidente Petro se dirigió a una multitud que protestaba contra la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Su discurso, centrado en la defensa de Palestina, incluyó un mensaje que pronto desató polémica: “Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos no apuntar contra la humanidad con sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad”.
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Horas más tarde, mientras el mandatario regresaba en vuelo hacia Colombia, se conoció la noticia de que la visa del propio presidente había sido cancelada. La decisión fue interpretada como una fuerte advertencia desde Washington y provocó una reacción inmediata en el gabinete. Varios ministros y altos funcionarios decidieron entregar sus visas en señal de protesta, mientras que a otros se les notificó directamente su anulación.
Las repercusiones de este gesto diplomático no tardaron en llegar al debate público. María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), advirtió que el asunto no es menor. Si bien sostuvo que el impacto comercial podría ser limitado, pues “Estados Unidos ha mostrado que separa los asuntos políticos de los económicos”, también alertó sobre los riesgos prácticos.
En efecto, explicó que muchos funcionarios de entidades clave como la Cancillería y el Ministerio de Hacienda necesitan mantener contacto directo con organismos multilaterales radicados en territorio estadounidense. Las negociaciones con bancos internacionales para créditos, renegociaciones de deuda o ajustes en tasas de interés requieren encuentros presenciales, y su ausencia podría complicar la gestión financiera del país. “El llamado es a que se anteponga el interés nacional a los intereses personales. Los servidores públicos deben cumplir con sus responsabilidades y lleven a cabalidad las acciones necesarias para poder responder a los intereses del país”, recalcó Lacouture.
No todos comparten la visión económica como punto central del debate. La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, enfatizó que el asunto de fondo es de carácter humanitario. En declaraciones a Blu Radio aseguró que la visa “es solo un papel, que puede cancelarse un día y expedirse al siguiente”. En contraste, añadió, las vidas perdidas en Gaza no se recuperan, por lo que considera legítimo alzar la voz incluso si eso significa renunciar al ingreso a Estados Unidos.
Rusinque también restó dramatismo a los efectos operativos y recordó que gran parte de los trámites internacionales hoy pueden adelantarse por medios digitales, a través de correspondencia, videollamadas o reuniones virtuales.
El panorama, entonces, permanece dividido. Para algunos analistas, el episodio no tendrá consecuencias comerciales profundas, aunque sí podría complicar la interlocución con actores internacionales clave y afectar futuros escenarios de cooperación bilateral estratégica. Para otros, la dimensión política y simbólica de las visas va más allá de la economía y refleja un choque de visiones frente al conflicto en Medio Oriente, donde el discurso presidencial cobra un peso inesperado.
En cualquier caso, el debate sigue abierto y se mueve entre la diplomacia, las finanzas y los derechos humanos. Lo que está claro es que las palabras de Petro en Nueva York abrieron una grieta que aún no termina de cerrar, con repercusiones que podrían sentirse tanto en las relaciones exteriores como en la estabilidad económica y política del país en los próximos meses.
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