La reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro sigue pendiente de implementación. La Corte Constitucional detectó vicios en el trámite legislativo y pidió a la Cámara de Representantes corregir el proceso. La Cámara la aprobó nuevamente a finales de junio, pero la Corte aún no dio un fallo definitivo sobre su constitucionalidad. Esto mantiene a la nueva ley suspendida.
Asimismo, el Gobierno todavía no implementó los instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para que la reforma entre en vigor. Faltan medidas como el contrato con el Banco de la República para manejar el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, el decreto de transferencia de recursos para el pago de pensiones y directrices para calcular las rentas vitalicias del pilar semicontributivo. Sin estos instrumentos, la reforma no puede ejecutarse, incluso si recibe el aval final de la Corte Constitucional.
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Por ahora, el sistema de pensiones vigente sigue siendo el definido por la Ley 100 de 1993. Los afiliados deben continuar con los trámites bajo las reglas actuales hasta que se resuelvan las dudas legales y operativas sobre la reforma.
Ante las dudas sobre cuándo se conocerá la decisión, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reveló que el 14 de octubre la Corte Constitucional definirá la exequibilidad de la reforma pensional. Lo hizo por medio de una columna de opinión para Las 2 Orillas denominada “La verdad y el engaño del incremento del salario mínimo para el 2026 en 11 %”, en la que al final, como posdata, reveló el dato.
“Posdata: el 14 de octubre próximo la Corte Constitucional definirá la exequibilidad de la ley pensional. Exijámosle no más dilaciones. ¡Ley pensional ya!”, escribió el líder sindical.
En qué están los fondos de pensiones
Así las cosas, a solo días de conocerse la decisión del a Corte, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, informó que los fondos privados de pensiones continúan con la preparación para la Reforma Pensional aun después de la suspensión temporal de la ley del alto tribunal. Durante el Silver Summit 2025, el directivo señaló que los fondos privados avanzaron en ciertos procesos internos, una facultad que no se extendió a entidades públicas como Colpensiones, el Banco de la República y diversos ministerios.
“Tenemos el privilegio de haber podido continuar con el proceso de implementación, incluso después de que la Corte suspendió la reforma”, expresó Velasco.
Según detalló el dirigente, dichas entidades públicas se encuentran limitadas al no contar con la ley vigente, lo que les impide emitir actos administrativos indispensables. Velasco resaltó que se requiere tiempo adicional, en caso de que la Corte declare la exequibilidad de la norma pensional:
“Lo que le hemos dicho a la Corte Constitucional es que, para reprocesar los cambios que la población ha tenido desde el 1 de julio hasta el momento de entrar en vigor de la reforma, es importante que se dé al sistema al menos dos meses”.
Llamado de atención sobre la fecha
También llamó la atención sobre la fecha en que podría entrar a regir la reforma. El presidente de la entidad sostuvo la necesidad de que el inicio operativo del nuevo régimen se establezca el primer día del mes: “Si no empieza un primero de mes, vamos a tener la problemática de tener cotizaciones partidas de un mes en dos sistemas pensionarios diferentes”.
Las actas de la polémica
Otro retraso está en las actas del debate en que se aprobó la reforma. La Cámara de Representantes de Colombia envió a la Corte Constitucional los documentos de las sesiones plenarias del 27 y 28 de junio de 2025, en las que se debatió y aprobó de nuevo la reforma pensional tras la observación de vicios de procedimiento.
El presidente de la Cámara, Julián López, confirmó que el envío se efectuó el 19 de septiembre de 2025. Este paso respondió a la solicitud expresa de la Corte, que dio un plazo adicional para la entrega debido a la extensión y complejidad de los documentos.
Con la remisión de las actas, la Corte quedó en disposición de continuar con la revisión de la constitucionalidad de la reforma. No obstante, algunos congresistas, como Katherine Miranda, manifestaron dudas sobre la validez de parte de la documentación enviada, en particular del Acta 256 correspondiente al 27 de junio, al alegar problemas de quórum y posible repetición de votaciones.
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