La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra siete exediles de la localidad Antonio Nariño (2020-2023), de Bogotá, por presuntas irregularidades en la conformación de la terna para la designación del alcalde local en el año 2021.
Los investigados son Willian Fernando Pinilla Mendieta, Carlos Andrés Morales Prado, Carlos Arturo López Suárez, Vivían del Rosario Moreno Pérez, Víctor Manuel Silva Amaya, Diego Armando López Clavijo y Daniela Villamil Arteaga, quienes, en su calidad de integrantes de la Junta Administradora Local (JAL), habrían validado y aprobado la postulación de una aspirante que no cumplía con el requisito legal de arraigo, previsto en el artículo 65 del Decreto Ley 1421 de 1993.
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De acuerdo con la investigación, pese a las inconsistencias advertidas en la documentación presentada, los entonces ediles, al parecer, no realizaron las verificaciones necesarias para garantizar que la candidata cumpliera con el requisito de haber residido o desarrollado actividades en la localidad dentro de los dos años anteriores a la designación. Esta posible omisión habría derivado en su inclusión aparentemente irregular en la terna enviada a la Alcaldía Mayor de Bogotá.
El Ministerio Público informó que la Procuraduría Primera Distrital de Instrucción buscará esclarecer si con esta actuación los funcionarios desconocieron los principios de igualdad, moralidad, eficacia, transparencia y responsabilidad que rigen la función pública;
Así las cosas, la Procuraduría precisó que fue calificada como provisionalmente la conducta de los cabildantes como grave, a título de culpa gravísima por desatención elemental de los deberes reglamentarios y legales.
Según información revelada por Caracol Radio, los siete exediles de la localidad Antonio Nariño serán llamados a juicio por el Ministerio Público.
La procuradora distrital de instrucción de Bogotá, Martha Patricia Rincón, firmó una resolución de 122 páginas que establece que el caso será remitido a la Seccional de Fiscalías de Bogotá. Allí se abrirá una investigación contra Mónica Díaz y Blanca Suárez, quienes figuran como representantes de la Mesa Local Indígena de Antonio Nariño.
Según la Procuraduría, ambas mujeres están relacionadas con posibles irregularidades en documentos. En 2021, presentaron una declaración jurada y una certificación laboral con datos que no se ajustaban a la realidad, lo que habría tenido como finalidad acreditar su arraigo.
Decisiones de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía, John Antonio Gutiérrez Rodríguez, por causar la muerte a dos personas que protestaban en inmediaciones del CAI Verbenal en Bogotá, el 9 de septiembre de 2020, en Bogotá.
El ente de control demostró que, con ocasión a los hechos que se estaban presentando y sin justificación alguna, el policía hizo uso de la fuerza letal y accionó su arma de dotación, impactando a dos manifestantes que perdieron la vida.
En la decisión de primera instancia, la entidad aseveró que el disciplinado “(…) debía velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida, así como salvaguardar todas las libertades de estos, incluida la posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente, evitando al máximo el uso de la fuerza, limitándola al mínimo necesario (…)”.
Agregó que, con su comportamiento, Gutiérrez Rodríguez incurrió en un abuso de poder que atentó contra los derechos fundamentales de las víctimas, utilizando el poder coercitivo del Estado, no para proteger a la ciudadanía ni restaurar el orden, sino para agredir de forma letal sin una justificación válida, vulnerando así el respeto mínimo que toda vida humana merece en una sociedad democrática.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó su falta como gravísima a título de dolo.
Las protestas de 2020 en Colombia surgieron tras la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, evento que impactó al país y provocó manifestaciones en varias ciudades. La jornada inicial comenzó el 9 de septiembre y concentró a cientos de personas en la capital y en centros como Barranquilla, Cali, Villavicencio y Medellín, denunciando el abuso de la Policía Nacional. Según reportó El Tiempo, la movilización que empezó de modo pacífico derivó en enfrentamientos, uso de gases lacrimógenos y detenciones, a medida que aumentaban las denuncias de excesos por parte de las fuerzas antidisturbios
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