Drummond responde a Sanguino tras acusaciones de financiar paramilitares en Colombia

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, generó una controversia con la multinacional Drummond después de publicar un mensaje en redes sociales en el que mencionó a la empresa dentro de un caso judicial en Estados Unidos.

La respuesta de la compañía no tardó en llegar, desmintiendo de manera tajante cualquier relación con organizaciones ilegales.

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En su publicación, citada por Semana, Sanguino afirmó: “la Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad”. El comentario hacía alusión a un proceso judicial en curso en la Corte Federal de Apelaciones del 11vo Circuito de Atlanta, donde se revisa la supuesta vinculación de la compañía con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La multinacional respondió en un comunicado en el que rechazó de manera categórica las acusaciones y señaló: “Ministro no se deje engañar por noticias manipuladas por un cartel de falsos testigos”. En su pronunciamiento también aseguró que “jamás ha hecho ningún tipo de acuerdo con organizaciones al margen de la ley, y así lo demuestran los fallos a la fecha”.

Drummond Ltd Colombia, filial de la compañía estadounidense con sede principal en Birmingham, Alabama, es uno de los mayores productores de carbón en el país. Durante años ha estado en el centro de debates judiciales y políticos relacionados con su actividad económica y con denuncias que en distintas ocasiones han sido objeto de investigación en instancias judiciales internacionales.

El mensaje de Sanguino también incluyó fuertes cuestionamientos sobre el modelo de explotación de recursos naturales. En su publicación escribió: “Este es el verdadero rostro del capitalismo salvaje y depredador: una empresa que se cree dueña de vidas, territorios y de las y los trabajadores colombianos”. La afirmación fue difundida ampliamente y generó reacciones de diferentes sectores.

El proceso en Atlanta busca establecer si existieron vínculos financieros entre la multinacional y estructuras paramilitares en Colombia. De acuerdo con lo reseñado por Semana, la investigación está relacionada con hechos ocurridos en los años en que las AUC tuvieron presencia en zonas productoras de carbón.

La compañía ha insistido en que ha cumplido con la legislación colombiana y estadounidense, reiterando que ninguna de las acusaciones que se han presentado en el pasado ha prosperado. En ese sentido, en su respuesta insistió en que las decisiones judiciales tomadas hasta el momento la respaldan.

El enfrentamiento entre el alto funcionario y la multinacional refleja la tensión que rodea el papel de las empresas extractivas en el país y los cuestionamientos sobre sus responsabilidades sociales, ambientales y laborales. La referencia de Sanguino se dio en medio de su gestión en el Ministerio de Trabajo, donde ha insistido en que el respeto a los derechos laborales debe ser un eje central en el sector minero-energético.

Drummond, por su parte, ha destacado en reiteradas ocasiones sus programas de inversión social y su aporte en la generación de empleo y regalías. Sin embargo, los señalamientos sobre presuntas relaciones con grupos armados al margen de la ley han sido un tema recurrente en la agenda pública.

La publicación del ministro, sumada a la respuesta inmediata de la compañía, muestra cómo la discusión sobre la relación entre grandes empresas y el conflicto armado sigue siendo motivo de debate. Aunque Drummond negó de forma rotunda las acusaciones, el proceso en la Corte Federal de Apelaciones continuará su curso en Estados Unidos.