Nuevo golpe de Estados Unidos a Colombia: el país fue degradado de categoría en la lucha contra la trata de personas

Las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos siguen siendo centro de atención nacional e internacional por las decisiones del Gobierno de Donald Trump que afectan al país.

En esta oportunidad, un informe de Estado norteamericano confirma que Colombia fue degradado de categoría de Tier 1, al Tier 2, donde se sitúan las naciones que si bien presentan avances en la materia, no son contundentes en el proceso de erradicar este delito.

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“El Gobierno de Colombia no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, pero está realizando esfuerzos significativos para lograrlo. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron serios ni sostenidos en comparación con el periodo de informe anterior, por lo que Colombia fue degradada al Nivel 2″, dice el documento en su resumen ejecutivo.

En el boletín del Departamento de Estado se especifican algunas de las razones para tal determinación.

“Los servicios para las víctimas fueron insuficientes, y el énfasis del gobierno en una atención de emergencia superficial no abordó las necesidades de cuidado complejo y a largo plazo esenciales para la recuperación de las víctimas”.

Uno de los casos específicos que detecto Estados Unidos que afianzan el trabajo de Colombia en este tipo de crímenes se dio en el 2024, cuando se dio por finalizado un contrato con una ONG que daba apoyo y refugio a las víctimas de este flagelo, lo que ocasionó que se presentaran fallas en los procesos: “Las víctimas que recibían servicios vulnerables a la revictimización y al aproximadamente 85-95 por ciento de las víctimas identificadas, que eran adultas, sin acceso a una atención adecuada, especialmente refugio”.

La ubicación de Colombia en el Tier 2 del informe de trata de personas de Estados Unidos ha reactivado el debate sobre los avances y retrocesos en la lucha contra este delito. Washington señala que, aunque se observan aumentos en investigaciones y condenas, existen deficiencias graves en la protección judicial y en la identificación proactiva de víctimas, especialmente niños y trabajadores explotados.

El reporte denuncia que el gobierno colombiano no ha procesado ni condenado a ningún traficante laboral desde 2018, pese a que reconoce que la explotación laboral es un fenómeno persistente en el país. Además, el análisis hace énfasis en que el financiamiento público dirigido a combatir la trata ha registrado recortes, afectando los esfuerzos en la materia.

Sobre la detección de víctimas, el documento de Estados Unidos advierte que las autoridades locales dependen excesivamente de que las personas se autodefinan como víctimas. La ausencia de un protocolo sistemático que permita identificar situaciones de trata de manera anticipada ha provocado, según el informe, un subregistro sistémico de casos.

Destaca textualmente que “la dependencia en que las propias personas se reconozcan como víctimas, sumada a la falta de un protocolo oficial para detectarlas de manera proactiva, contribuyó al subregistro sistémico de casos”.

La vulnerabilidad de los menores ante el reclutamiento forzoso también fue abordada críticamente. Según la evaluación estadounidense, los esfuerzos tempranos e intervención estatal para mitigar el uso de niños por parte de grupos armados ilegales fueron catalogados como insuficientes, mientras que la debilidad institucional en la identificación y seguimiento de jóvenes vulnerables se vincula directamente con el incremento de casos de reclutamiento infantil.

En palabras del informe: “los esfuerzos de intervención temprana para mitigar el reclutamiento forzado y el uso de niños por parte de grupos armados ilegales fue ‘insuficiente’, como también poco proactivos a la hora de identificar y evaluar a jóvenes vulnerables, contribuyeron al aumento significativo del reclutamiento forzado de niños”.

La publicación de este análisis ocurre en un contexto de tensión bilateral: hace apenas dos semanas, Estados Unidosretiró al país la certificación en materia antidrogas por considerar insatisfactoria su cooperación y sus resultados en la erradicación de cultivos ilícitos. Además, la reciente retirada de visa al presidente Gustavo Petro, posterior a sus declaraciones en Nueva York sobre el papel del ejército estadounidense, agrega un nuevo elemento de frialdad en las relaciones diplomáticas recientes entre Bogotá y Washington.

La decisión generó la reacción del ministerio del Interior, que aseguró que las víctimas han constado con garantías necesarias:

“En 2024, 416 víctimas recibieron asistencia, considerando sus necesidades (...) La respuesta estatal ante esta problemática ha estado marcada por un compromiso presupuestal y una articulación institucional. Es así como entre 2020 y 2025, la apropiación para la lucha contra este flagelo ha experimentado un aumento total de 605%, que alcanza más de $15.628 millones, una cifra que refleja la voluntad política del Gobierno Nacional para cumplir sus obligaciones con la comunidad internacional en materia de protección a los derechos de las víctimas y desarticular las redes criminales", comentó la cartera.