Petro sufre un nuevo revés ante el Consejo de Estado: deberá rectificarse por sus acusaciones contra el presidente del grupo de EPS Sanitas

En la mañana del lunes 29 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro a retractarse públicamente de las acusaciones que dirigió contra Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, conglomerado propietario de EPS Sanitas, Medisanitas y Colsanitas.

Según el fallo emitido por el alto tribunal, las declaraciones del mandatario, en las que calificó a Grajales de “criminal” y lo vinculó con un supuesto “crimen” relacionado con la financiación de campañas políticas, vulneraron derechos fundamentales y carecieron de sustento, e instó al mandatario para que su retractación se realice por la misma vía en la que fueron conocidas, es decir, mediante una alocución presidencial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Ordenan al señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, que emita la respectiva rectificación, en relación con las manifestaciones contenidas en los minutos 28:40 [y siguientes] y 39:46 [y siguientes] de la alocución presidencial del 15 de julio de 2025; esto es, retractarse de las acusaciones contra el solicitante referidas a las expresiones «crimen» y «criminal», por la supuesta financiación de campañas políticas. La anterior rectificación deberá realizarse, una vez notificada la presente decisión, en la inmediata y siguiente alocución presidencial”, se lee en el documento oficial.

Además, el Consejo de Estado advirtió que Petro “deberá retractarse respecto de la expresión «debe irse» en contra del accionante, en la medida en que no se allegó a este expediente una resolución administrativa que, conforme a la ley, haya dispuesto las sanciones de deportación o expulsión del territorio nacional en relación con el actor”.

Presidente del Grupo Keralty celebró decisión

Tras conocerse el fallo del Consejo de Estado, Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, emitió un comunicado en el que agradeció al alto tribunal por darle la razón en su acción de tutela contra el presidente Gustavo Petro.

“Se confirma que nuestras acciones han estado siempre guiadas por el respeto a la ley y, más importante aún, los principios éticos que caracterizan nuestro actuar. Al final del camino, la verdad y la justicia se impone frente a la desinformación y la injuria”, expresó el directivo en la misiva.

De igual manera, Grajales aseveró que el pronunciamiento del Consejo de Estado “no solo nos da la razón jurídica, sino que reivindica también el esfuerzo, la integridad y el compromiso de nuestros colaboradores, quienes han seguido trabajando con convicción a pesar del ambiente adverso que hemos enfrentado como organización”.

Así mismo, recalcó la trayectoria de Keralty, al igual que destacando sus casi cinco décadas en la construcción de un modelo de salud basado en la dignidad humana, la compasión y la excelencia.

“Somos una compañía cuyos principios y valores no se negocian y son guías fundamentales en nuestro accionar. Ninguna campaña de desprestigio logrará desviar nuestro propósito superior: cuidar con humanidad y construir bienestar real para millones de personas en el mundo que depositan su confianza y la de sus familias en nosotros”, enfatizó.

La empresa agradeció el compromiso de su equipo y la lealtad a los valores institucionales, resaltando que la reputación de Keralty ha sido ratificada como ejemplar por la máxima autoridad de lo contencioso-administrativo en Colombia.

En palabras de la organización: “Nunca abandonaremos nuestra esencia, lo que somos y hacemos para proteger, cuidar y acompañar a nuestros usuarios”.

Que dijo Petro contra Keralty

El origen de la controversia se remonta a julio del 2025, cuando el presidente Gustavo Petro utilizó expresiones como “crimen” y “criminal” en una alocución televisada para referirse a Joseba Grajales Jiménez y a la financiación de campañas políticas con recursos extranjeros.

En esa ocasión, el mandatario afirmó: “Está prohibido que en una empresa como Keralty le pague a los políticos, el político que recibe ese dinero es un criminal, está atacando la vida de Colombia, y el dueño de Keralty es un criminal en Colombia y debe irse porque aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”.

Estas declaraciones motivaron a Grajales a interponer una tutela, argumentando la vulneración de sus derechos a la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia.