Emilio Tapia estaría buscando la protección de la UNP para él y su familia: rechazó el programa de testigos de la Fiscalía

La reciente libertad condicional de Emilio Tapia Aldana, figura central en algunos de los mayores escándalos de corrupción en Colombia, ha reavivado el debate sobre la protección estatal a testigos y la reparación a las víctimas.

Tras salir de prisión el 14 de abril por orden de la jueza Claribel Fernández Castellón, Tapia solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) un esquema de seguridad para él y su familia, rechazando la protección ofrecida por la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, persisten cuestionamientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones judiciales y la falta de reparación a las entidades afectadas por sus delitos, según un reciente informe de la revista Cambio.

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En la actualidad, Tapia afirma dedicarse al sector de la construcción y al negocio inmobiliario, manteniendo contratos con entidades públicas desde 2002, entre ellas el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), el Invías y diversas alcaldías y gobernaciones.

Durante una diligencia judicial celebrada el 19 de septiembre, Tapia, acompañado por 14 escoltas privados, reiteró su actividad empresarial y su participación en la contratación estatal. La libertad condicional le fue concedida tras cumplir más de las tres quintas partes de su condena, aunque la decisión de la jueza Fernández Castellón ha sido objeto de controversia y actualmente es investigada por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico.

Solicitud de protección y controversia judicial

Tras recuperar la libertad, la abogada de Tapia, Diana Muñoz Castellanos, solicitó ante jueces de control de garantías un esquema de protección de la UNP para su cliente y su familia, argumentando un riesgo extraordinario derivado de su colaboración como testigo en procesos judiciales.

Muñoz sostiene que Tapia permanece “escondido” y desprotegido, ya que su seguridad no estaría garantizada fuera de su domicilio. La defensora enfatizó que el peligro proviene de su testimonio contra siete exfuncionarios vinculados al ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá, quienes, según ella, mantienen conexiones de poder que incrementan el riesgo para Tapia.

La defensa de Tapia rechaza la protección ofrecida por la Fiscalía, alegando que el programa de protección de testigos de esa entidad podría exponer información sensible sobre sus movimientos, debido a supuestos vínculos entre algunos investigados y funcionarios de la Fiscalía.

“El riesgo se incrementaría estando en ese programa porque podría filtrarse información sensible respecto de sus paraderos, de sus desplazamientos”, explicó Muñoz a Cambio. Por su parte, la fiscal 88 contra la corrupción, Martha Judith Alfonzo, respaldó la solicitud de un esquema de protección financiado por el Estado y pidió la prórroga del principio de oportunidad que Tapia mantiene desde 2013, el cual le permite colaborar como testigo en procesos de alto perfil.

No obstante, la petición de Tapia fue rechazada a finales de julio por el juez 74 penal con función de control de garantías de Bogotá, Omar Beltrán Castillo. El magistrado argumentó que la protección de la UNP no puede concederse a discreción del solicitante y que existen requisitos administrativos y judiciales que no se cumplieron en la solicitud presentada.

Además, el juez señaló que la defensa no aportó pruebas suficientes sobre los supuestos riesgos ni sobre la ineficacia del programa de protección de la Fiscalía. “No se me trajo la documentación para que la UNP estudiara el riesgo”, concluyó Beltrán.

Investigación a la jueza y pendientes de reparación

En paralelo, la jueza Claribel Fernández Castellón, responsable de la libertad condicional de Tapia, enfrenta una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en el trámite de la decisión. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico evalúa si la funcionaria omitió tramitar oportunamente un recurso presentado por la Procuraduría General de la Nación, que se opuso a la excarcelación del condenado por corrupción.

El Ministerio Público cuestionó que el “adecuado desempeño y comportamiento” de Tapia durante su reclusión, citado por la jueza, fuera suficiente para justificar la libertad condicional.

A pesar de los beneficios judiciales obtenidos, Tapia aún no ha cumplido con la reparación a las víctimas del ‘carrusel de la contratación’, en particular al IDU, entidad que sufrió un millonario desfalco durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

El apoderado del IDU, David Grajales, ha manifestado en diversas diligencias que Tapia no ha mostrado intención de cumplir con la obligación de reparar a la entidad, como exige el artículo 326 del Código de Procedimiento Penal durante el periodo de suspensión a prueba. Aunque Tapia ofreció un megalote de su propiedad en Tabio, Cundinamarca, como parte de la reparación, hasta la fecha no se ha concretado ningún acuerdo.

El contexto de la controversia se agrava por la persistencia del principio de oportunidad que Tapia mantiene desde 2013, prorrogado anualmente a petición de la Fiscalía, lo que le permite seguir colaborando como testigo en procesos de corrupción. Sin embargo, la falta de avances en la reparación a las víctimas y la solicitud de recursos públicos para su protección han generado críticas y dudas sobre la efectividad de las medidas judiciales y administrativas adoptadas en su caso.

En diálogo con Cambio, Tapia justificó su negativa a aceptar la protección de la Fiscalía argumentando que el esquema ofrecido no incluye escoltas y que implicaría cambiar su lugar de residencia, algo que no está dispuesto a hacer. El excontratista reiteró que, si el Estado le proporciona escoltas, aceptaría el esquema de protección de inmediato.