El transporte de carga está en jaque: por qué el Decreto 1017 desata una tormenta entre Gobierno y gremios

El transporte de carga volvió a quedar en el centro del debate nacional tras la entrada en vigor del Decreto 1017. La norma, que fue expedida sin periodo de transición, reordenó de manera radical las reglas para el sector y abrió un pulso que mezcla tensiones técnicas, económicas y políticas.

Lo que el Gobierno presentó como una modernización largamente esperada, los gremios empresariales lo interpretaron como una carga adicional difícil de asumir.

Uno de los cambios más visibles está en la manera de pactar los fletes. El decreto prohíbe que se acuerden valores por debajo de los costos mínimos calculados por el Sice-TAC, el sistema que determina variables de cada ruta.

Con esta medida se busca acabar con los viajes “a pérdida” y garantizar pagos más justos. A esto se suman nuevas reglas: los generadores de carga deberán pagar en un plazo máximo de cinco días; el manifiesto de carga tendrá fuerza legal para exigir el cumplimiento de las deudas; y los tiempos de cargue y descargue quedarán limitados, con sanciones severas para quienes no respeten los plazos establecidos.

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La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió la norma en términos de equidad. “Con estas medidas se busca equilibrar la relación entre generadores de carga y transportadores, reduciendo la informalidad y protegiendo a pequeños y grandes actores del sector”, afirmó.

Además, el decreto amplía el acceso al Fondo de Promoción para el Ascenso Tecnológico (Fopat), que ahora también incluye a volquetas y camiones livianos.

Sin embargo, desde el sector empresarial la lectura es muy distinta. Colfecar, que agrupa a gran parte del transporte formal, considera que la medida traslada costos imposibles de asumir para muchos propietarios. La crítica más fuerte se centra en el aumento del aporte al Fopat, que pasó del 15 al 25% del valor del vehículo. Según sus cálculos, un camión de 80 millones de pesos deberá aportar 20 millones solo para matricularse, un gasto que, lejos de impulsar la renovación, podría frenar la reposición del parque automotor.

El malestar gremial también se alimenta de otros aspectos. El decreto comenzó a aplicarse incluso para empresas que ya tenían órdenes de compra en curso, lo que generó incertidumbre sobre sus compromisos financieros. A esto se suma que los transportadores deberán asumir funciones de control de peso en carretera —antes a cargo de las autoridades o los generadores de carga—, y que se estableció una retención del 0,1% sobre los fletes para alimentar un sistema que, según el gremio, aún no tiene reglas claras.

Las tensiones se dan en un contexto complejo. De acuerdo con el Dane, en agosto la carga movilizada por carretera superó los 13,2 millones de toneladas, una cifra récord. Sin embargo, la variación interanual del 7,79% no se traduce en alivio: el alza en combustibles, peajes y costos de mantenimiento sigue presionando los márgenes de las empresas, especialmente de las más pequeñas.

Los gremios también recuerdan que la seguridad es un punto crítico. Colfecar advirtió que, desde 2023, se han registrado 2.167 bloqueos viales y 30 conductores asesinados en los últimos tres años.

“Estas medidas desconocen las responsabilidades propias de quienes generan la carga y profundizan la inequidad normativa en el sector”, señaló el gremio.

No obstante, no todos los actores rechazan la norma. La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y la Asociación Nacional de Transportadores (ANT) destacaron que el decreto reconoció por primera vez a volquetas y vehículos livianos en los programas de modernización, redujo los tiempos de espera de 12 a 8 horas y fijó obligaciones más estrictas para los generadores de carga en materia de pagos.

“Este decreto se estudió durante 10 meses con todas las agremiaciones camioneras”, aseguró Alfonso Medrano, líder de la ACC.

Edinson Flores, de Renacer Camionero, lo ve como un logro: “Hoy se ven los resultados a un trabajo serio y técnico”. En la misma línea, Alex Rubio, de Fedevolco, celebró que “prácticamente para todo el espectro de vehículos de carga, especialmente volquetas, se nos da el cambio de servicio de particular a público”.

El Ministerio de Transporte insistió en que la implementación se acompaña con controles operativos en conjunto con la Dirección de Tránsito y Transporte (Ditra) y jornadas de capacitación que, según cifras oficiales, ya alcanzaron a más de 12.000 personas entre propietarios, empresas y generadores de carga.