La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra dos oficiales del Ejército Nacional tras la presunta infiltración de una civil que habría accedido a información oficial haciéndose pasar por miembro de la institución.
El caso involucra al mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y al sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, ambos adscritos al Batallón de Infantería N.º 37 Guardia Presidencial, y pone en el centro del debate la seguridad interna y la integridad de las fuerzas armadas colombianas.
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Según la resolución de la Procuraduría General de la Nación, la indagación disciplinaria se dirige específicamente a los dos funcionarios mencionados, quienes deberán responder por los hechos que motivaron la apertura del proceso.
La decisión se tomó tras conocerse que una civil, identificada como Luisa Fernanda Salgado Fernández y conocida bajo el alias “CT. Steffany”, habría ingresado a las instalaciones militares haciéndose pasar por integrante de la institución, lo que permitió su acceso a información reservada.
La resolución detalla que Salgado Fernández, sin pertenecer al Ejército Nacional, logró presentarse como miembro activo y participar en actividades internas del Batallón Guardia Presidencial.
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Para esclarecer cómo se produjo esta suplantación y determinar posibles responsabilidades, la Procuraduría General de la Nación ordenó la recolección de pruebas clave.
Entre las diligencias decretadas, se solicitó a la Dirección de Personal del Ejército Nacional los folios de vida, extractos y últimas resoluciones expedidas de los oficiales investigados, correspondientes a la vigencia 2024-2025.
Además, la Procuraduría General de la Nación requirió al Batallón de Infantería N.º 37 “Guardia Presidencial” toda la documentación relacionada con inspecciones, investigaciones administrativas y disciplinarias que se hayan iniciado a raíz del ingreso de la falsa policía “CT. Steffany”.
También se pidió el registro de entradas y salidas de la guardia donde figure Salgado Fernández, así como información sobre quién autorizó su ingreso y bajo qué calidad lo hizo.
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La solicitud incluye la identificación de todos los integrantes de las secciones de inteligencia y operaciones, así como las actas de reuniones a las que haya asistido la civil implicada.
En el marco de la investigación, la Procuraduría General de la Nación dispuso la coordinación con la Fiscalía General de la Nación, a la que solicitó información sobre la existencia de un proceso penal en curso por la presunta infiltración y fuga de información relacionada con el caso de Salgado Fernández en el Batallón Guardia Presidencial.
La doctora Zully Marcela Camacho Galeano, profesional universitaria adscrita a la Procuraduría Delegada, fue comisionada para la práctica y recaudo de las pruebas ordenadas, así como de aquellas que resulten necesarias a partir de los hallazgos iniciales.
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La notificación de la decisión ya fue remitida a los oficiales investigados, conforme a los procedimientos internos de la institución.
La Procuraduría General de la Nación dejó abierta la posibilidad de adoptar otras medidas que la funcionaria comisionada considere necesarias para lograr el esclarecimiento total de los hechos investigados.
Según las declaraciones oficiales aportadas por Nelson Andrés Escobar, director especializado contra las Organizaciones Criminales, las personas señaladas formaban parte de lo que denominó el tercer anillo de seguridad que rodea tanto al presidente como a la vicepresidenta.
Escobar precisó ante los medios de comunicación que la principal responsabilidad de ese grupo radicaba en la custodia periférica del mandatario y de la vicepresidencia. “Ellos pertenecen al tercer anillo de seguridad, su responsabilidad estaba en custodiar el tercer anillo de seguridad del presidente y la vicepresidenta”, afirmó el funcionario.
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Asimismo, el director detalló que, durante las investigaciones, se encontró evidencia de que ese grupo tenía acceso a información sensible relacionada con labores de inteligencia. “Dentro de las averiguaciones, hemos logrado constatar que ellos accedían a información privilegiada de inteligencia”, expuso Escobar, subrayando que, sin embargo, dicho acceso se limitaba a asuntos vinculados con el “orden público y exteriores a ese anillo de seguridad.”
La situación resalta la vulnerabilidad potencial del esquema de protección presidencial cuando existen presuntos manejos indebidos de información, aún en niveles considerados periféricos dentro de los dispositivos de custodia. Las pesquisas continúan, centrándose en determinar si hubo filtración o uso indebido de datos estratégicos específicamente relacionados con el entorno del tercer anillo de seguridad.
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