
La controversia en torno a los títulos universitarios de Juliana Guerrero y su postulación al Viceministerio de las Juventudes puso en el centro del debate la actuación de la Fiscalía General de la Nación y la transparencia en el acceso a cargos públicos.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que, pese a haber presentado una denuncia penal el 7 de septiembre de 2025 por presuntas irregularidades, la entidad no ha dado respuesta ni ha asignado número de noticia criminal, lo que, en sus palabras, evidencia una preocupante falta de gestión.
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A su vez, detalló que la denuncia penal fue dirigida contra Juliana Guerrero y la Fundación Universitaria San José, por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Según relató, a casi un mes de la radicación, la Fiscalía no ha contactado a la denunciante ni ha avanzado en el trámite.
“Desde el 7 de septiembre yo radiqué una denuncia penal contra Juliana Guerrero por fraude procesal y falsedad en documento público y a esta hora ni siquiera tenemos número de noticia criminal. Ya vamos a cumplir un mes y ni siquiera se nos ha contactado”, afirmó la congresista en entrevista con Blu Radio.

La representante también indicó que solicitó una reunión con Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, para ampliar la información sobre la denuncia, pero hasta el momento no ha recibido respuesta. Para Pedraza, esta situación refleja una “inoperancia” institucional frente a un caso que, según su criterio, compromete la transparencia en la designación de funcionarios públicos.
La denuncia de Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero
El origen del caso se remonta a las denuncias que Jennifer Pedraza realizó desde su curul en el Congreso, lo que motivó al Ministerio de Educación a iniciar una investigación sobre la Fundación Universitaria San José por posibles irregularidades en los títulos otorgados a Juliana Guerrero. No obstante, la congresista advirtió que el proceso avanza con lentitud y que ha enfrentado obstáculos para acceder a la información necesaria.

“Hace casi un mes le envié un derecho de petición al Icfes pidiéndole que me certificara si Juliana Guerrero había presentado las pruebas Saber. Me ha tocado entutelar para que me entreguen esos documentos”, agregó en la misma entrevista.
Jennifer Pedraza subrayó que el argumento de Juliana Guerrero sobre la presentación del examen Saber Pro no resuelve el fondo de la controversia, ya que la validez del título expedido por la Fundación Universitaria San José depende del cumplimiento de los requisitos legales. “El título es un acto administrativo que emite la universidad y que debe cumplir con la ley. El Ministerio de Educación mismo nos reportó que la Fundación San José no reportó a Juliana Guerrero como admitida, como estudiante, ni como graduada en el SNIES. La irregularidad es profunda”, enfatizó la representante.
La congresista alertó sobre la posibilidad de que existan más casos similares en la misma institución educativa, señalando que ha recibido denuncias de estudiantes y funcionarios que aseguran que los títulos se habrían expedido sin cumplir los requisitos de grado. Además, cuestionó el respaldo político que, según sus declaraciones, tendría Juliana Guerrero desde sectores del Gobierno.
A este tipo de señalamientos, se suma la petición que hizo Pedraza por medio de una carta dirigida a Gustavo Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas, de retirar a Guerrero del cargo y los temas relacionados con la Universidad del Cesar:

“Solicito que, en aras de proteger la moralidad administrativa en la Universidad Popular del Cesar, derogue la delegación de Juliana Andrea Guerrero Jiménez como representante del gobierno nacional en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar”.
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