El caso de Luisa Fernanda Salgado Fernández, señalada de infiltrarse en el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas n.º 5 (Bafur 5), ha encendido las alarmas en los organismos de seguridad.
Según la Fiscalía, la mujer participó en al menos cinco reuniones de inteligencia y coordinación en las que se discutieron planes contra organizaciones criminales y detalles del esquema de seguridad presidencial.
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En estos encuentros, realizados entre 2024 y 2025, se compartió información reservada sobre operaciones contra la extorsión, el secuestro y el Tren de Aragua, así como estrategias para blindar el tercer anillo de protección de la Presidencia y Vicepresidencia de la República.
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De acuerdo con W Radio, entre las sesiones más sensibles están:
- Reuniones conjuntas del Gaula Cundinamarca, Gaula CTI Bogotá, Gaula CTI Cundinamarca y el Bafur 5, en las que se expusieron actividades de inteligencia contra el crimen organizado en Bogotá y Cundinamarca.
- Encuentros en el Batallón de Policía Militar n.º 15 (Cantón Norte) con presencia de la Fiscalía, inteligencia policial y el propio Bafur 5.
- Una reunión el 27 de febrero de 2025 con la Policía Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría Distrital de Seguridad.
- Sesiones de coordinación en las antiguas instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá entre la Unidad Nacional de Policía (Unipol), el Gaula y el Bafur 5.
- Un último encuentro en el mismo lugar, donde coincidieron la Policía Nacional, el Batallón de Contrainteligencia n.º 01, las fronteras del Ejército Nacional, la Unipol y el Bafur 5.
Una infiltración con apoyo interno
La investigación revela que Salgado ingresó en 36 ocasiones a instalaciones militares, siempre respaldada por oficiales que la presentaban como supuesta integrante de inteligencia.
De acuerdo con la Fiscalía, el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas, comandante del Bafur 5, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva la introdujeron a los espacios de planeación estratégica, induciendo a error a otros funcionarios.
El fiscal Nelson Andrés Escobar, director contra las Organizaciones Criminales, aseguró que los infiltrados tuvieron acceso a esquemas de seguridad de figuras políticas, incluido el presidente Gustavo Petro, así como a investigaciones en curso contra el Tren de Aragua.
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Salgado, Jiménez y Padilla fueron capturados en Bogotá y se les imputaron delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal. Los tres se declararon inocentes, y un juez deberá definir su medida de aseguramiento.
El alcance de la información filtrada
El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, aclaró que la información comprometida no correspondía al círculo más cerrado de protección del presidente, pero sí al perímetro en el que se organiza su tránsito.
“Era información para garantizar la seguridad en el área, no directamente sobre el mandatario”, puntualizó.
Por ahora, la Fiscalía no ha establecido a qué organización criminal estaría vinculada la presunta espía. Esa línea de investigación, dijo Escobar, hace parte de la segunda fase del proceso y sigue en curso.
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El caso de la infiltración en el esquema presidencial tomó mayor fuerza tras la denuncia del sargento Jesús Rubiano, quien alertó sobre la presencia de una supuesta espía en batallones militares y aportó información clave para la captura de los implicados.
En declaraciones a la revista Semana, el suboficial manifestó sentirse desprotegido y en riesgo tras su denuncia, pues actualmente se encuentra reubicado en una zona de alto peligro, donde recientemente las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá asesinaron a siete uniformados.
Rubiano denunció que, en lugar de recibir protección, ha sido objeto de persecución y represalias dentro de la institución. “El Ejército me quiere callar”, afirmó, señalando que su traslado e investigaciones en su contra serían un intento de silenciarlo. Según dijo, se siente abandonado por el Ejército Nacional, los entes de control y el Estado colombiano.
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Ante la falta de garantías, advirtió que podría acudir a organismos internacionales para reclamar seguridad y respaldo. El sargento aseguró que cumplió con todos los protocolos al denunciar y que no permitirá que su vida sea silenciada por exponer irregularidades. “Iré hasta las instancias legales necesarias para esclarecer quién está detrás de todo”, concluyó.
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