El precandidato presidencial por el movimiento La Fuerza de las Regiones Aníbal Gaviria Correa presentó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dirigida al presidente Gustavo Petro Urrego, sus ministros y los directores de departamentos administrativos.
El recurso solicita medidas para garantizar la moralidad en la gestión pública, la protección del patrimonio estatal y el acceso a información confiable y objetiva.
El exgobernador de Antioquia debido a que, según expuso en un comunicado, el presidente Gustavo Petro y su equipo habrían utilizado cuentas oficiales de entidades públicas y perfiles personales en redes sociales con el propósito de promover desinformación, beneficiar la imagen presidencial, divulgar contenidos ajenos a las funciones estatales e influir en el proceso electoral a favor del actual Gobierno.
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El exmandatario departamental Gaviria Correa afirmó que el Gobierno nacional ha recurrido al uso de recursos públicos para adelantar esta estrategia. Según Gaviria, esta directriz fue impartida de manera expresa por el mandatario. “Esto lo viene haciendo el Gobierno mediante el uso de recursos públicos y en el marco de una estrategia de comunicación que fue ordenada directamente por el presidente Petro”, se lee en el comunicado.
La decisión, indicó el precandidato, se tomó el 7 de septiembre durante una reunión oficial en la Casa de Nariño, a la que asistieron los asesores de comunicaciones de la Presidencia y el estratega político estadounidense de origen mexicano Germán Trejo.
El político antioqueño explicó que la acción judicial solicita al Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictar medidas cautelares para que se ordene al presidente de la República, sus ministros y los directores de departamentos administrativos lo siguiente: “Abstenerse de utilizar recursos públicos y cuentas oficiales para posicionar la imagen del presidente Gustavo Petro Urrego”.
Además, Gaviria pidió que la orden incluya: “Abstenerse de utilizar recursos públicos para desinformar a la ciudadanía” y “abstenerse de hacer propaganda política para incidir en los resultados de las elecciones al Congreso y a la Presidencia 2026, ya sea desde las cuentas oficiales en redes sociales, o desde las cuentas personales del presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos”.
También solicitó al tribunal que imponga una restricción directa al presidente para frenar el uso indebido de recursos de comunicación institucional en asuntos ajenos al propósito misional del Estado o que puedan inducir a error a la ciudadanía.
“Se ordene al presidente Gustavo Petro Urrego que cese cualquier orden o instrucción a los ministros y directores de departamentos administrativos, de destinar recursos públicos de comunicaciones para publicar información a través de las cuentas oficiales de X, Instagram, TikTok, Facebook o cualquier otra red o plataforma de comunicación oficial de las entidades del Gobierno Nacional, sobre asuntos que no se relacionen con su objeto misional y/o información que pueda generar riesgo de confusión o error en la ciudadanía”, solicitó.
Asimismo, Gaviria solicitó la creación de un comité especial para garantizar que se cumpla la decisión judicial, señalando que este órgano debe estar “integrado por la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y dos entidades sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, nacionales o internacionales como la Misión de Observación Electoral y Transparencia por Colombia o las que el tribunal considere”.
El aspirante presidencial precisó que el comité será responsable de “hacer seguimiento a las publicaciones en redes sociales del presidente de la República, los ministerios y los departamentos administrativos orden nacional, para garantizar el cumplimiento del fallo” y que “deberá presentar un informe quincenal sobre dicho cumplimiento”.
El precandidato Aníbal Gaviria Correa advirtió que la propagación de información falsa a través de plataformas digitales, especialmente cuando tiene origen en el Ejecutivo, representa uno de los mayores desafíos para la democracia colombiana.
Subrayó que la instrumentalización de los recursos estatales con el objetivo de condicionar el debate público y orientar la preferencia electoral hacia una causa política específica pone en riesgo la integridad democrática y vulnera la libertad de elección de la ciudadanía.
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